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miércoles, 28 de octubre de 2026

PROCURADOR DENUNCIA AMENAZAS DE MUERTE CONTRA ÉL Y SU FAMILIA.

 

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, denunció amenazas contra su vida y la de sus familiares. El funcionario señaló que, sin conclusiones definitivas, las intimidaciones podrían involucrar a personas que trabajan en la propia entidad.


La seguridad del jefe del Ministerio Público, de su familia y de integrantes de su equipo de trabajo estaría comprometida, según sus declaraciones. El caso genera preocupación por la posible existencia de amenazas dentro de una de las principales instituciones de control del Estado.


Por: Redacción Actualidad


El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, denunció este miércoles 28 de octubre haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia. El funcionario aseguró que se están adoptando medidas para enfrentar el riesgo y advirtió que, aunque no existen conclusiones definitivas, las intimidaciones podrían involucrar a personas que trabajan dentro de la propia Procuraduría.

 

La denuncia fue conocida durante una intervención pública del jefe del Ministerio Público, quien manifestó que la seguridad suya y de sus familiares se encuentra seriamente comprometida. También indicó que algunos integrantes de su equipo de trabajo tendrían conocimiento de la situación.


Eljach afirmó que se están tomando medidas de protección para prevenir un posible ataque. Sin embargo, evitó presentar como confirmada la identidad de los responsables y aclaró que todavía no hay conclusiones definitivas sobre el origen de las amenazas. 


Uno de los aspectos más delicados de sus declaraciones es la posibilidad de que las intimidaciones provengan de personas vinculadas laboralmente a la misma institución que dirige. De comprobarse esa hipótesis, sería necesario establecer las circunstancias, las motivaciones y las eventuales responsabilidades individuales, sin anticipar conclusiones antes de que avancen las verificaciones correspondientes.


Por ahora, la información divulgada públicamente no permite determinar quiénes estarían detrás de las amenazas ni establecer de manera concluyente cómo se originaron. Por ello, el esclarecimiento de los hechos y la protección de las personas afectadas constituyen prioridades para las autoridades competentes.


Antecedente: amenazas contra el registrador nacional


La denuncia del procurador se conoce pocos días después de que las autoridades alertaran sobre un presunto plan para atentar contra la vida de Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil.


Según reportes publicados el 26 de octubre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, recibió información procedente de un centro penitenciario sobre un posible atentado contra Penagos y la puso en conocimiento de las autoridades correspondientes para su verificación. La información fue remitida a la Fiscalía y se anunció la evaluación de medidas de protección para el registrador.


Ante esa situación, Eljach había rechazado las amenazas contra Penagos y solicitado a las autoridades reforzar su esquema de seguridad e identificar a los posibles responsables. Ahora, el propio procurador denuncia intimidaciones contra su vida y la de su familia, lo que incrementa la preocupación por las condiciones de seguridad de altos funcionarios del Estado.


Aunque ambos casos se conocen en un periodo cercano, no existe información pública suficiente para afirmar que estén relacionados.

 

Las amenazas denunciadas por Gregorio Eljach representan un asunto que exige atención inmediata, protección efectiva y una investigación rigurosa. La seguridad de los funcionarios públicos y sus familias no debe depender de la gravedad que alcancen las intimidaciones, sino de una respuesta preventiva y coordinada de las autoridades.


Al mismo tiempo, la posible participación de personas vinculadas a la Procuraduría debe ser examinada con seriedad, independencia y pruebas verificables. La transparencia en el esclarecimiento de los hechos será fundamental para determinar responsabilidades, proteger a los afectados y preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

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