Las obras de ejecución del proyecto
denominado “Calle del Café” en el Parque La Valvanera continúan pese a tener un
lio jurídico.
El Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Neiva dejó en firme el trámite de una acción
popular relacionada con el proyecto “Calle del Café”, que contempla una
intervención en el Parque La Valvanera de Pitalito. La decisión abre paso al
debate judicial de fondo sobre las actuaciones administrativas, contractuales y
urbanísticas cuestionadas por los accionantes.
Por: Redacción Actualidad
La controversia por la
intervención del Parque La Valvanera, en el marco del proyecto denominado
“Calle del Café”, escaló nuevamente al escenario judicial. El Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Neiva notificó formalmente a la Alcaldía de
Pitalito, a las Secretarías de Planeación y Hacienda y a CORPOAGROCENTRO dentro
de la acción popular identificada con el radicado 41001333301020260023100.
Según información publicada sobre el proceso, el auto admisorio quedó en firme
luego de vencerse los términos para controvertir su admisibilidad.
La notificación electrónica,
surtida el 25 de agosto, abre un término de diez días hábiles para que las
entidades vinculadas contesten la demanda y presenten las pruebas y argumentos
correspondientes. Entre los asuntos que deberán ser abordados dentro del
proceso se encuentran los cuestionamientos formulados por los accionantes
frente a la contratación, la intervención del espacio público y el cumplimiento
de las normas urbanísticas aplicables.
La acción popular no significa
que el proyecto haya sido declarado ilegal ni que exista una decisión judicial
definitiva en contra de la obra. Por el contrario, implica que las pretensiones
planteadas por los ciudadanos serán analizadas dentro del proceso
contencioso-administrativo, en el que las entidades demandadas tendrán la
oportunidad de ejercer su derecho de defensa y aportar la documentación que
consideren pertinente.
La medida cautelar continúa
bajo estudio
Uno de los puntos que mantiene
la atención alrededor del proceso es la solicitud de medidas cautelares
presentada para buscar la suspensión de las intervenciones. De acuerdo con
información publicada recientemente, la solicitud inicial de suspensión no fue
concedida y los recursos presentados contra esa decisión permanecen pendientes
de pronunciamiento.
Esto significa que la admisión
de la acción popular y su firmeza no equivalen a una orden judicial de
suspensión de las obras, pero tampoco constituyen un aval judicial a la
legalidad de la intervención. El debate sobre las actuaciones administrativas y
las pretensiones de protección de los derechos colectivos continúa abierto.
La controversia ha trascendido
el escenario judicial. En agosto, la Personería Municipal de Pitalito inició
una acción preventiva para revisar aspectos técnicos, ambientales,
contractuales y presupuestales relacionados con la intervención del parque. Entre
los requerimientos conocidos figuran solicitudes de información sobre los
estudios, diseños, permisos, contrato y situación jurídica del espacio público,
así como documentación relacionada con el manejo del componente arbóreo.
El proyecto “Calle del Café”
contempla una intervención aproximada de 1.730 metros cuadrados y ha generado
posiciones encontradas entre sectores que lo respaldan como una estrategia para
promover el café y dinamizar el espacio urbano, y ciudadanos que cuestionan su
impacto sobre el uso público del parque y las condiciones jurídicas de la
intervención.
El debate ahora tendrá
escenario judicial
Uno de los principales puntos
de discusión será determinar si los procedimientos administrativos y
contractuales utilizados por la Alcaldía se ajustaron al ordenamiento jurídico.
Los accionantes han planteado cuestionamientos relacionados, entre otros aspectos,
con la modalidad de contratación y las autorizaciones requeridas para
intervenir el espacio público.
A esto se suma el debate sobre
la naturaleza jurídica del Parque La Valvanera y el alcance de las normas de
protección cultural, urbanística y ambiental aplicables al sector. Sobre este
punto existen posiciones diferentes en la información pública disponible:
mientras ciudadanos y veedores han reclamado protección patrimonial y controles
adicionales, publicaciones recientes también han señalado que documentos del
Ministerio de las Culturas plantean precisiones sobre el alcance de dicha
protección en el espacio exterior del parque.
La discusión judicial
permitirá, precisamente, que las partes presenten sus argumentos y que el
despacho determine, con base en las pruebas, si fueron vulnerados derechos e
intereses colectivos y si existen medidas que deban adoptarse. Por ahora,
cualquier afirmación sobre una eventual ilegalidad definitiva de la obra sería
prematura, pues el proceso aún no ha llegado a una sentencia.
La controversia también ha
llamado la atención de organismos de control. En julio, la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia informó el traslado a la Procuraduría General
de la Nación de denuncias relacionadas con el proyecto, entre ellas cuestionamientos
sobre el POT y las autorizaciones para la intervención.
Con el proceso judicial en firme y las actuaciones preventivas de los organismos de control en marcha, la intervención del Parque La Valvanera queda bajo un escrutinio institucional cada vez mayor. La próxima etapa será conocer la respuesta de las entidades vinculadas y las determinaciones que adopte el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva frente a las pretensiones de los accionantes.
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