El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que solicita suspender el traslado de la ceremonia de posesión presidencial a la capital del Valle del Cauca, mientras se verifica el cumplimiento de los requisitos legales, presupuestales y de seguridad.
A solo tres días de la
ceremonia de transmisión de mando, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió una demanda que busca impedir que la posesión del presidente electo, Abelardo
de la Espriella, se realice en la ciudad de Cali el próximo 7 de agosto.
Por: Redacción Actualidad
La acción judicial solicita la
suspensión provisional del acto al considerar que el traslado de la sede del
Congreso para la ceremonia podría vulnerar derechos colectivos relacionados con
la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad,
la salubridad, la prevención de riesgos, la transparencia, la publicidad y la
legalidad del gasto público.
Según la demanda, el Senado y
la Cámara de Representantes habrían autorizado el cambio de sede sin que exista
información pública, completa y verificable sobre el acuerdo formal entre ambas
corporaciones, así como sobre los costos, el esquema de seguridad, la
logística, la gestión del riesgo y el respaldo presupuestal de la ceremonia.
Tribunal solicita amplia
documentación
Antes de pronunciarse sobre la
medida cautelar, el Tribunal ordenó al Congreso y a varias entidades del
Gobierno Nacional entregar, con carácter urgente, los documentos que sustentan
la decisión de realizar la posesión en Cali.
Al presidente del Congreso se
le requirió el texto del acuerdo entre Senado y Cámara, las proposiciones
aprobadas, las actas de las sesiones, las certificaciones de quórum y el
registro completo de la votación.
Asimismo, los ministerios de
Defensa, Hacienda y Relaciones Exteriores, junto con el Departamento
Administrativo de la Presidencia (Dapre), deberán informar sobre la fuente de
financiación, contratos, modificaciones presupuestales y certificaciones técnicas
que acrediten que el escenario elegido cumple con las condiciones de seguridad,
logística, capacidad, evacuación y atención sanitaria.
El Ministerio de Defensa
también deberá presentar los estudios relacionados con seguridad, movilidad,
manejo de protestas, gestión del riesgo y el plan integral de protección para
congresistas, autoridades, invitados, periodistas y ciudadanía.
Por su parte, la Alcaldía de
Cali deberá remitir los permisos de uso del escenario, los estudios de
seguridad y los planes de emergencia, movilidad y atención de posibles
manifestaciones.
Plazo para responder
El Tribunal fijó como plazo
máximo las 5:00 de la tarde del martes 4 de agosto de 2026 para que todas las
entidades requeridas entreguen la información solicitada.
Con esos documentos, la
corporación judicial decidirá si concede o no la medida cautelar que podría
suspender la realización de la ceremonia en Cali mientras se resuelve de fondo
la acción popular.
La decisión del Tribunal será
determinante para establecer si la posesión presidencial se mantiene en la
capital vallecaucana o si deberá realizarse bajo las condiciones inicialmente
previstas por la Constitución y el Congreso de la República.


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