El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0415 de 2026, con el que ordena el traslado urgente de cerca de $25 billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.
La medida, oficializada mediante decreto, fija un plazo
máximo de 30 días para mover los recursos de afiliados que cambiaron de
régimen. Expertos y sectores políticos advierten riesgos legales y financieros.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el
Decreto 0415 de 2026, con el que ordena el traslado urgente de cerca de $25
billones desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia
Colpensiones, en una de las decisiones más controversiales en materia pensional
de los últimos años.
La norma establece que las entidades privadas deberán
transferir los recursos correspondientes a los afiliados que decidieron
cambiarse al régimen público, en un plazo total de 30 días, utilizando
mecanismos financieros autorizados y bajo supervisión estatal.
Traslado acelerado y obligatorio
De acuerdo con lo dispuesto, el giro de los recursos se
realizará en dos fases: el 50% deberá trasladarse en un máximo de 20 días
hábiles y el restante en los 10 días siguientes.
La medida impacta a más de 119.000 afiliados que
aprovecharon la ventana de traslado habilitada en la reforma pensional de 2024,
y busca que los recursos respalden directamente las pensiones que asumirá el
sistema público.
Según el Gobierno, esta decisión responde a la necesidad
de corregir un “descalce financiero”, ya que Colpensiones estaba pagando
mesadas a ciudadanos cuyos ahorros aún permanecían en los fondos privados.
Argumentos del Gobierno
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el traslado es
clave para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, evitando
que el Estado asuma obligaciones sin contar con los activos correspondientes.
El decreto también contempla que los recursos sean
transferidos en efectivo o en títulos autorizados, incluyendo los rendimientos
generados hasta la fecha, y estarán vigilados por la Superintendencia
Financiera.
La decisión ha generado una fuerte controversia en
distintos sectores. La senadora Paloma Valencia anunció la demanda del decreto,
mientras que gremios como Asofondos y analistas económicos han advertido
posibles riesgos jurídicos y financieros.
Entre las principales preocupaciones están:
Un posible vacío legal, dado que la reforma pensional aún
enfrenta revisión en la Corte Constitucional.
El impacto sobre la estabilidad de los fondos privados y
el ahorro de los afiliados.
La posibilidad de que se afecte la rentabilidad futura de
las pensiones.
Incluso entidades como la Contraloría y el Banco de la
República habían emitido alertas previas sobre los efectos de una transferencia
masiva de recursos en tan corto tiempo.
Un debate que sigue abierto
El traslado de estos recursos se convierte en un nuevo
capítulo del debate pensional en Colombia, en medio de tensiones entre el
Gobierno, el Congreso y los organismos de control.
Mientras el Ejecutivo defiende la medida como necesaria
para ordenar las finanzas del sistema, sus críticos la califican como una
decisión apresurada que podría tener consecuencias de largo plazo sobre la
confianza en el ahorro pensional.
El futuro del decreto ahora podría definirse en los
tribunales, donde se anticipa una batalla jurídica que marcará el rumbo del
modelo pensional en el país.
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