Las autoridades están en mora de cumplir medidas cautelares ordenadas por el Juzgado 4 Administrativo de la ciudad de Neiva, que buscan evitar emergencias como la ocurrida en Pitalito el pasado mes de noviembre de 2025.
Mientras la posibilidad de accidentes de tránsito, la contaminación ambiental y de muerte circula masivamente por las vías del Huila. Las autoridades civiles, de policía, ambiental y especialmente las empresas transportadoras no están acatando las medidas cautelares ordenadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de la ciudad de Neiva en atención a la acción Popular interpuesta por el abogado Nestor Pérez Gasca y la Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos FPDH.
Por: Rodrigo Rojas Garzón
Periodista Huila Hoy
Un corredor vial que pretende ser símbolo de conexión y progreso para el Huila y sur del país, para muchos, se está convirtiendo en “bomba de tiempo” amenaza la vida de conductores, pasajeros, transeúntes. Además, generar contaminación de fuentes hídricas con afectación de la fauna y la flora como ocurrió el pasado mes de noviembre de 2025 cuando un carrotanque se salió de la Ruta 45 y fue a parar a las riberas de la quebrada El Cedro, contaminando con ACPM su cauce, generando una grave emergencia ambiental y dejando a área urbana del municipio de Pitalito por tres días sin el servicio de agua.
El tránsito masivo de vehículos de carga pesada, específicamente aquellos que transportan hidrocarburos, ha activado un estado de alerta que llegó a los estrados judiciales desde el año 2015, bajo la figura de una Acción Popular, liderada por el abogado Néstor Pérez Gasga y la Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Con el radicado 41001333300420140009400, el proceso que cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Neiva no es solo un expediente más; es el clamor de comunidades que ven cómo el corredor vial Garzón – Pitalito, se torna peligroso el tránsito vehicular, ante el volumen de tractomulas cargadas con crudo que atraviesa la región.
La acción judicial busca el amparo de los derechos e intereses colectivos, enfocándose principalmente en el goce de un ambiente sano, la seguridad, salubridad pública y la prevención de desastres previsibles técnicamente, protección especial de la vida para los transeúntes, pasajeros, conductores de vehículos públicos y particulares de la Ruta 45. El abogado Pérez Gasga sostiene que el tránsito indiscriminado de vehículos pesados vinculados a la industria petrolera ha sobrepasado la capacidad de la infraestructura vial, incrementando la accidentalidad y el riesgo de vertimientos químicos en zonas de importancia hídrica.
"No se trata de oponerse al desarrollo, sino de exigir que el transporte de hidrocarburos no se haga a costa de la vida de los huilenses y de la integridad de nuestras carreteras", se lee entre los argumentos que sostienen la demanda.
Medidas Cautelares: El Escudo Preventivo
Uno de los puntos más álgidos en desarrollo del proceso ha sido el incumplimiento de medidas cautelares. En el marco de esta acción popular, dichas acciones ordenadas por parte del juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, las cuales se debían cumplirse de forma inmediata entre ellas:
Restricción de horarios: Evitar el tránsito de tractocamiones en horas pico o durante festividades donde el flujo de vehículos particulares es mayor.
Mantenimiento preventivo: Obligar a las empresas operadoras y a las entidades estatales (como la CAM, ANI e INVIAS) a garantizar un estado óptimo de la carpeta asfáltica y verificar la documentación y permisos para el funcionamiento de las empresas transportadoras.
Controles de carga: Por parte de la Policía Huila ubicar puestos de control a lo largo de la Ruta 45 verificar, el estado técnico mecánico de los vehículos de carga, documentación de funcionamiento como el estado anímico de los conductores al volante en busca de evitar fallas humanas.
El proceso ha vinculado no solo a empresas transportadoras y petroleras, sino también a la Policía Nacional, entidades gubernamentales del orden nacional y departamental. La justicia busca determinar el grado de responsabilidad de la Gobernación del Huila, las alcaldías de los municipios afectados (como Garzón y Pitalito) y la CAM como autoridad ambiental en la supervisión de los planes de contingencia y la activación de los Comités Locales para la Gestión del Riesgo.
Un Conflicto de Intereses y Realidades
Mientras que la industria argumenta que el transporte terrestre es vital para la economía nacional, los habitantes del sur del Huila denuncian que la Ruta 45 se está convirtiendo en una trampa mortal. Incidentes previos, accidentes ya han cobrado vidas y generado derrames de crudo, y ACPM en fuentes hídricas cercanas al río Magdalena son la prueba del riesgo inminente que justifica esta acción popular.
El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso son de urgente aplicación, mientras se dicta un fallo de fondo. Esto busca sentar un precedente sobre cómo deben operar las multinacionales en territorios donde el transporte de hidrocarburos afecta la infraestructura vial, el medio ambiente, y genera muerte.
Datos Clave del Proceso:
Radicado: 41001333300420140009400
Actor: Néstor Pérez Gasga – Fundación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
Demandados: Gobernación, Municipios del Huila con incidencia en la Ruta 45, CAM, ANI, INVIAS, empresas transportadoras del sector hidrocarburos y Policía Nacional.
Pretensión principal: Regulación del tránsito de vehículos pesados y protección de la infraestructura vial, el medio ambiente y la vida de trasuntes conductores y pasajeros.
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