Un creciente descontento
social por el incremento en el impuesto predial mantiene bloqueos y
movilizaciones en varias vías del país, especialmente en el departamento de
Santander, donde campesinos, propietarios rurales y gremios agrarios han salido
a protestar contra lo que califican como avalúos catastrales desproporcionados.
Desde las primeras horas de
este jueves 9 de abril, manifestantes bloquearon corredores estratégicos como
la vía que conecta Bucaramanga con Barrancabermeja, generando afectaciones en
la movilidad y en el acceso al Aeropuerto Internacional Palonegro. La jornada
hace parte de un paro nacional convocado por distintos sectores sociales, en
rechazo a los efectos de la actualización del Catastro Multipropósito impulsada
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Los manifestantes aseguran que
los nuevos avalúos han derivado en incrementos excesivos del impuesto predial,
con casos que, según denuncias en zonas rurales como Lebrija, alcanzarían hasta
el 5.000 %. Para los afectados, estos cobros superan su capacidad económica y
ponen en riesgo la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.
La actualización catastral,
aplicada en más de 500 municipios del país, tiene como objetivo modernizar la
información territorial y mejorar la planificación, en línea con lo establecido
en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, su implementación ha generado
preocupación en sectores rurales que consideran que los nuevos valores no
reflejan la realidad económica de sus predios.
El pliego de peticiones de los
organizadores incluye la derogatoria de la Resolución 2057 de 2025 del IGAC,
así como la suspensión temporal de los efectos de la actualización catastral
por al menos un año. Además, solicitan la construcción de un proyecto de ley
que regule la política pública en esta materia, con el fin de garantizar
criterios de equidad tributaria.
El presidente Gustavo Petro ha
defendido la actualización catastral como una herramienta clave para el
desarrollo territorial y la justicia fiscal. No obstante, ha reiterado que la
fijación de las tarifas del impuesto predial corresponde a los concejos municipales,
lo que ha abierto un debate sobre las responsabilidades en el aumento de los
cobros.
La inconformidad no se limita
a Santander. En las últimas horas, las protestas se han extendido a
departamentos como Antioquia, Casanare, Quindío y Cundinamarca, donde también
se reportan movilizaciones y bloqueos intermitentes. Municipios como San Gil, Socorro,
Oiba, El Playón, Tona y Sabana de Torres, así como zonas de Guaduas y la vía
Bogotá–La Calera, han registrado concentraciones de manifestantes.
Líderes campesinos advierten
que, además del impacto económico, la medida amenaza la permanencia de miles de
familias en el campo, al incrementar de forma significativa sus obligaciones
tributarias sin un aumento proporcional en sus ingresos.
En medio de la coyuntura,
autoridades han recomendado a los conductores tomar rutas alternas y mantenerse
informados sobre el estado de las vías, mientras avanzan los diálogos entre
voceros de los manifestantes y el Gobierno nacional.
Por su parte, la decisión que
pueda adoptar el Consejo de Estado frente a la demanda presentada por la
Alcaldía de Lebrija será determinante para el futuro de la actualización
catastral en Colombia. El fallo podría sentar un precedente sobre la aplicación
de estos ajustes y definir mecanismos que permitan equilibrar la modernización
del catastro con la protección de la economía rural.
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