Las elecciones ya pasaron y
las gano Abelardo de la Espriella. Le corresponde a él, el derecho de ejercer
plenamente la autoridad. En tal sentido no puede administrar ni compartir una
responsabilidad que la Constitución le atribuye de manera exclusiva. Conviene
entonces recordar una verdad elemental de la democracia: el Dr. Abelardo fue
elegido presidente de la Republica para gobernar Colombia, no para administrar
una delegación de autoridad que venga de ningún partido, ni de ninguna figura
política, por importante que haya sido su contribución a la vida nacional.
El expresidente Alvaro Uribe
Velez ocupa un lugar sobresaliente en la historia reciente del país. Bajo su
conducción Colombia recupero autoridad en vastas regiones del país, restableció
la confianza de los ciudadanos en las instituciones, enfrento con decisión la
amenaza terrorista. Es un legado que merece reconocimiento y gratitud
perenne. Por esa misma razón también la
historia le impone un deber de igual magnitud; comprender que la autoridad
presidencial se debe respetar y no admite tutelas.
Aprendí, de Rodrigo Lara
Bonilla como lo ratifico en el título de esta columna, que la primera
obligación de un demócrata consiste en respetar la autoridad legítima
constituida. Pero añadía una enseñanza aún más profunda: esa autoridad solo
procede ante la nación si conserva integra su autonomía para decidir. Gobernar
supone escoger colaboradores, organizar la gobernabilidad, asumir
responsabilidades y responder por los resultados. No debe sorprender entonces, que
el nuevo presidente convoque a su gabinete ministerial a dirigentes
provenientes de los partidos que respaldan su proyecto político. Esa
circunstancia no constituye una amenaza para ningún partido, representa, por el
contrario, la consecuencia lógica de una alianza política.
Confundir la participación o
la organización de la gobernabilidad en el Congreso de la Republica a la que
los aliados están en el deber de contribuir, en un desmantelamiento de uno de
los socios, se cae en una equivocación de apreciación. Los partidos políticos
existen para servir al Estado y a la sociedad, no para satisfacer o preservar
cuotas burocráticas ni para monopolizar la orientación de los gobiernos. Las grandes organizaciones políticas no
pueden depender indefinidamente de la voluntad de un solo hombre. No ha sido
saludable para el Centro Democrático, en los últimos años, que se termine
aceptando como único criterio de decisión la consigan de que “se hace lo que
diga Uribe”. Como tampoco contribuyó al fortalecimiento de la anterior campaña
de la senadora Paloma Valencia, lo que las vallas invitaban, a “votar por Uribe
y la de Uribe” sin mencionar a la candidata.
He solicitado, respetuosamente, que el partido abra espacios reales para
la participación de sus dirigentes y de sus bases, para que las futuras
decisiones sean producto de procedimientos democráticos y no de determinaciones
unipersonales, pero no ha sido posible. ¿Sera mucho pedir?
No hay comentarios:
Publicar un comentario