La terminación de las obras de Modernización del Aeropuerto Contador están en entre dicho, siguen suspendidas por la AEROCIVIL a petición del consorcio GAC AEROHUILA, que está buscando a toda costa una adición al presupuestal, petición que está en estudio y que de acuerdo con la veeduria ciudadana no se necesita.
Por: Rodrigo Rojas Garzón
Editor Huila Hoy
La infraestructura que se construye en Pitalito Huila
vuelve a quedar en el laberinto de la
ineficiencia contractual generando incertidumbre. Un reciente y alarmante
comunicado emitido por la Veeduría Ciudadana del Aeropuerto Contador, liderada
por la exalcaldesa Gladys Canacue Medina, ha encendido las alarmas sobre el
Contrato de Obra No. 23001152 H4 de 2023. La obra, cuyo colosal valor asciende
a la astronómica suma de $38.969.764.926, debe ser el gran motor de
competitividad y conectividad para el sur del país; hoy, sin embargo, amenaza
con convertirse en otro elefante blanco, monumento regional a las promesas
incumplidas y las prórrogas eternas.
Los datos oficiales revelados tras una accidentada
reunión virtual con la interventoría (en cabeza del consorcio GAC AEROHUILA)
dejan al descubierto un panorama desolador: a finales de abril de 2026, la obra
presenta un avance físico real del 75.19% frente a un programado del 78.41%. Un
desfase neto del 3.22% que, si bien a ojos de la pasiva burocracia estatal
parece "menor", adquiere tintes de extrema gravedad si se analiza el
contexto cronológico del proyecto. La fecha de finalización inicial estaba
pactada para el 31 de diciembre de 2025. Tras vencerse esa primera fecha de finalización
de las obras de acuerdo con el cronograma de ejecución de las obras, se otorgó
una prórroga que expiró el pasado 30 de abril fecha desde el contrato se
encuentras suspendido a petición de manera mañosa por parte del contratista.
Lo verdaderamente indignante de esta situación no es solo
el habitual retraso físico en el cemento, sino las flagrantes maniobras para
evadir el control social. La Veeduría denunció públicamente que su última
visita de campo presencial ocurrió el pasado 17 de febrero de 2026. Desde
entonces, las solicitudes para realizar visita técnica y financiera los trabajos en terreno durante los meses de
marzo, abril, mayo, junio, fueron sistemáticamente aplazadas o canceladas por
la interventoría aludiendo toda clase de excusas. ¿Qué se oculta en el terreno
que los ciudadanos no pueden ver? El control social no es un favor que el
contratista concede de buena gana; es una obligación constitucional que aquí se
está pisoteando.
A esto se suma el ingrediente más alarmante: Durante la
reunión virtual del 28 de abril, el consorcio interventor se negó a presentar
la ejecución financiera. Es una obra pública que supera los 38.968 millones de
pesos, ocultar en qué y cómo se están gastando los recursos de los
contribuyentes es una afrenta directa a la transparencia. ¿A qué le temen el
Consorcio Aerohuila GE 2452 y su interventoría? ¿Por qué la resistencia a las
cuentas claras?
Para colmo de males, como se reseñó arriba, el contrato
se encuentra actualmente suspendido, desde el paso mes de mayo, a la espera de
que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) apruebe de manera formal una nueva
prórroga y una adición presupuestal (que de acuerdo con las veedurías no se
necesita). La propia interventoría, en su informe No. 22 de marzo de 2026,
recomendó cínicamente ampliar el plazo entre cuatro y seis meses más. Es decir,
los laboyanos y habitantes en el sur del Huila tendrán que esperar, con suerte,
hasta finales de año para ver terminada una obra que debió entregarse el año
pasado.
El silencio y la lentitud de la Aerocivil para emitir un
pronunciamiento definitivo sobre el nuevo plazo y si aprueban “la adición
económica” no solo paralizan el desarrollo físico de la infraestructura, sino
que ata de manos y amordaza la labor fiscalizadora de la comunidad organizada de dichas obras.
La Veeduría Ciudadana con respecto a la ejecución del
contrato en mención — está conformada por la exalcaldesa Clara Ines Triviño, la
exdirectora de la Cámara de Comercio en Pitalito Clara Inés Triviño, los
ingenieros Cristian Fabián Pizzo, Javier Valderrama, Ángel Iván Montealegre, el director seccional Pitalito de la Cámara de Comercio Cesar Augusto Torres Erazo, y los líderes comunales y sociales Ernesto Sterling Esquivel, Tatiana Parra Tejada,
Fabio Valenzuela Artunduaga— quienes han tomado la decisión correcta al
compulsar copias de esta denuncia a la Contraloría General de la República.
El Aeropuerto
Contador no puede seguir siendo el fortín de la improvisación contractual ni
del secretismo. Las veedurias exigen respuestas inmediatas, una apertura total de los
libros contables por parte del contratista y que la Aerocivil actúe con la
rigurosidad. El desarrollo regional no puede seguir
esperando la terminación de la plataforma de aterrizaje y las obras complementarias, obras que están en riesgo por culpa de las prácticas
amañadas en la ejecución del contrato.
Abajo el comunicado con las denuncias sobre la suspención del contrato, pese a estar fechado el 4 de mayo la situación no ha cambiado al contrario el tiempo pasa y la obras siguen suspendidas.
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