Para blindar personas y debilitar instituciones.
Hay decisiones que terminan
lesionando el espíritu de la democracia. Una de ellas consiste en modificar las
reglas de juego cuando un gobierno ya ha sido derrotado en las urnas, al que
acuden los perdedores para asegurar la permanencia de sus propios funcionarios.
Eso acaba de ocurrir en la
Electrificadora del Huila con la reciente reforma de los estatutos de la
entidad. Se busca la continuidad de la actual gerente sin tener en cuenta si su
gestión ha dado los resultados esperados, pues el verdadero debate es muchos más
profundo: la junta directiva saliente decidió utilizar las mayorías que aún
conserva, con el gobernador Villalba presente, para dejar “sembrada” a la Dra.
Nika Cuellar como gerente de la empresa más importante del departamento. Si el
gobernador, según me han dicho no estuvo de acuerdo con la decisión de la Junta
Directiva, esta obligado a demandar el acto administrativo. Si no lo hace,
seria cómplice. Con esa medida se abre
una peligrosa puerta al desvío del poder para favorecer los intereses de una
persona. Mañana cualquier gobierno derrotado procederá de la misma manera.
Antes de abandonar el poder modificara estatutos, reglamentos y manuales de
funciones: creara periodos fijos donde no existían para favorecer a
determinados funcionarios y convertir las entidades públicas en fortines
políticos.
Ese no es el Estado de Derecho
que consagra la Constitución. Lo que ha hecho la junta directiva de la
Electrificadora del Huila al cambiar los estatutos para favorecer a la Gerente
Cuellar, no es un acto de buen gobierno, es un flagrante abuso de poder que
debe ser reparado por los tribunales Contenciosos Administrativos a fin de que
regrese la normalidad a la entidad. Ese comportamiento tiene nombre en derecho
administrativo: Desviación de poder. No es suficiente decir que la junta
directiva tenía la competencia, por otro desvío de poder anterior, sino que se
debe establecer cual fue la finalidad de esa reforma. A mi modo de entender,
esa decisión es ilegitima pues su propósito es impedir que la nueva
administración que ganó las elecciones ejerza las competencias que les
corresponden.
Ese proceder desnaturaliza la
función pública. Ojo señor Procurador general de la nación. Las instituciones
no pertenecen a los gobiernos. Mucho menos a los funcionarios que las
administran. Las entidades pertenecen a la Nación.
No deja de llamar la atención
que, los nuevos requisitos y el periodo fijo de cuatro años coincidan con el
perfil de La actual gerente. Por lo que la reforma se convirtió en un “traje a
la medida” de una persona.
“El abuso del poder no siempre se
manifiesta en la violación de la ley, sino en la utilización de la ley para
fines distintos de aquellos para los cuales fue concebida” (Carlos Lleras
Restrepo). Gracias, Julio Bahamon.
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