Por: Julio Bahamon
Cuando unas elecciones han concluido, el debate político
debe trasladarse al terreno que corresponde: ninguna democracia puede
sobrevivir si cada elección queda sometida al juicio particular del gobernante
de turno.
El jefe de Estado es el primer obligado a garantizar el
cumplimiento de la Constitución. Quien jura cumplirla está obligado a preservar
la estabilidad de la nación y la vigencia del Estado de Derecho.
Si Gustavo Petro desconoce públicamente la legitimidad del
resultado electoral que fue reconocido frente a la Nación por su candidato
derrotado Iván Cepeda y convoca a la movilización contra ese resultado, asume
de inmediato la responsabilidad política e institucional de lo que pueda
suceder. Si el país llegara a padecer alteraciones graves del orden público
derivadas de un ambiente hostil de desconocimiento de las instituciones,
corresponderá a los órganos competentes investigar y establecer
responsabilidades que procedan. El delito de sedición se castiga con la
destitución y la cárcel.
La soberanía, lo hemos repetido hasta el cansancio, reside
exclusivamente en el pueblo, jamás de la presión de las calles ni de la
imposición de la fuerza.
En estas horas decisivas, las Fuerzas Militares y de Policía
Nacional tienen una misión que la Constitución les ha confiado con absoluta
claridad: defender la soberanía, proteger el orden constitucional y garantizar
que las instituciones de la Republica funcionen dentro del marco de la ley. Hoy
el presidente de Colombia elegido por la voluntad mayoritaria de los
colombianos es Abelardo de la Espriella. No cejaremos un milímetro en esa
dirección y Petro debe saberlo.
Su lealtad no pertenece a un gobierno, a un partido o a una
persona; Pertenece a la Constitución y a Colombia. Los altos mandos militares
tienen el deber de actuar con firmeza y estricto apego al orden jurídico.
La historia será implacable con quienes contribuyan a
sembrar dudas sobre la legitimidad de sus instituciones. El mayor patrimonio de
un gobernante está basado en la confianza del pueblo en que su voto será
respetado y en que la Constitución prevalecerá sobre cualquier ambición de
poder.
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