El Ministerio Público requirió
información sobre un contrato de prestación de servicios, la contratación de
asesorías externas y posibles actuaciones relacionadas con la administración o
disposición de bienes inmuebles de la empresa. La actuación tiene carácter
preventivo y no constituye un juicio de responsabilidad.
Por: Redacción Pitalito
La Procuraduría Provincial de
Instrucción de Garzón inició una actuación preventiva para verificar aspectos
relacionados con la gestión contractual y la administración de bienes de las
Empresas Públicas de Pitalito (Empitalito), mediante un requerimiento formal
dirigido a su gerente, Carolina Calderón Valderrama.
El oficio, fechado el 26 de
junio de 2026 y radicado bajo el número E-2026-300873, informa que la actuación
se adelanta en ejercicio de la función preventiva del Ministerio Público, luego
de recibir una comunicación en la que se exponen presuntos hechos que ameritan
verificación institucional.
Revisión a la contratación y
administración de bienes
En el documento, la
Procuraduría señala que la actuación busca identificar posibles riesgos
asociados con la gestión contractual y con eventuales actuaciones relacionadas
con la administración o disposición de bienes de la empresa, con el propósito
de prevenir situaciones que puedan afectar los principios de transparencia,
economía, responsabilidad y moralidad administrativa establecidos en la
Constitución.
El despacho aclara que el
inicio de la actuación no implica prejuzgamiento alguno, sino que hace parte de
las facultades preventivas de la entidad para advertir riesgos y promover
medidas oportunas que garanticen una adecuada gestión de los recursos públicos.
Cuatro requerimientos de
información
Como parte del proceso, la
Procuraduría solicitó a Empitalito remitir, dentro de los diez días hábiles
siguientes al recibo del oficio, información relacionada con cuatro aspectos
específicos:
Copia íntegra del Contrato de
Prestación de Servicios No. 032 de 2026, junto con los estudios previos,
documentos del proceso y los soportes que acrediten la idoneidad del
contratista.
Un informe sobre la capacidad
instalada de la oficina jurídica de la empresa y los criterios utilizados para
contratar asesorías externas.
El estado actual de cualquier
actuación administrativa relacionada con una eventual enajenación, adquisición
o disposición de bienes inmuebles de la entidad, incluyendo los soportes
técnicos y jurídicos disponibles.
La descripción de los
mecanismos implementados por Empitalito para garantizar el cumplimiento de los
principios de planeación, economía y selección objetiva en la contratación.
Advertencia sobre el deber de
responder
En el requerimiento, el
Ministerio Público recuerda que la omisión en la respuesta a solicitudes
formuladas entre autoridades puede constituir una falta disciplinaria, de
conformidad con la legislación vigente.
Asimismo, precisa que la
Procuraduría no ejerce funciones de coadministración ni de coacción en este
tipo de actuaciones, sino que desarrolla una labor preventiva mediante
advertencias, recomendaciones y seguimiento al cumplimiento del ordenamiento
jurídico, con el fin de evitar posibles irregularidades que puedan afectar a la
comunidad o derivar en responsabilidades disciplinarias para los servidores
públicos.
Seguimiento preventivo
La actuación preventiva se
enmarca en las funciones constitucionales de la Procuraduría General de la
Nación para vigilar la gestión pública y promover el cumplimiento de los
principios que rigen la administración estatal.
Hasta el momento, el documento
conocido corresponde únicamente al requerimiento de información formulado por
la Procuraduría. No se informa sobre la apertura de una investigación
disciplinaria ni se atribuyen responsabilidades a funcionarios de Empitalito,
por lo que el proceso continuará con el análisis de la información que remita
la entidad dentro del plazo establecido.
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