El exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Pitalito (Intrapitalito), William Iván Rojas Giraldo.
La Fiscalía sostiene que en Intrapitalito operó una
organización criminal dedicada a alterar comparendos, entregar vehículos de
manera ilegal, apropiarse de bienes bajo custodia y recibir sobornos entre 2022
y 2024.
Por: Redacción Judicial
El exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de
Pitalito (Intrapitalito), William Iván Rojas Giraldo, junto a 27 funcionarios,
agentes de tránsito, contratistas, tramitadores y particulares, enfrentarán un
juicio oral tras la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación,
que asegura haber descubierto una presunta organización criminal que operaba
desde el interior de la entidad.
La investigación, adelantada por la Fiscalía Séptima
Seccional de Neiva, señala que la estructura habría funcionado entre los años
2022 y 2024, utilizando los cargos públicos y el acceso a los sistemas de
información para cometer delitos contra la administración pública y obtener
beneficios económicos ilícitos.
En el escrito de acusación, el ente investigador es
contundente al afirmar que "en las instalaciones de la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Pitalito existía una organización criminal", cuya
finalidad era cometer delitos como falsedad en documento público, cohecho,
peculado por apropiación, tráfico de influencias y otras conductas relacionadas
con actos de corrupción.
El juicio
La acusación será presentada ante el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Pitalito con Funciones de Conocimiento. La audiencia de
formulación de acusación estaba prevista para el pasado 19 de junio de 2026,
pero fue aplazada debido a compromisos judiciales del despacho.
De acuerdo con la Fiscalía, William Iván Rojas Giraldo
responderá como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y
tráfico de influencias de servidor público.
Entre los principales indiciados también figuran Leonardo
Vargas Torres, Juan Nicolás Barrera Grillo, José Jamer Morales Vargas, Jhon
Weimer Varón López, Carlos Alonso Rodríguez Berrio, Luisa Fernanda Calderón
Lozada, Derly Maritza Laguna Narváez, Danitza Daniela Benavidez Cano, Guido
Alexander Galíndez Sáenz y otros funcionarios y particulares que, según la
investigación, cumplían funciones específicas dentro de la presunta
organización.
En total, 27 personas serán llevadas a juicio por delitos
como concierto para delinquir, peculado por apropiación, cohecho, concusión,
hurto, falsedad material en documento público y tráfico de influencias.
Una estructura con funciones definidas
Según la Fiscalía, la organización funcionaba como una
empresa criminal con una estructura jerárquica y roles claramente establecidos.
Las investigaciones, sustentadas en interceptaciones
telefónicas, seguimientos, informes de Policía Judicial y declaraciones de
víctimas, permitieron establecer que algunos funcionarios recibían dinero para:
Entregar vehículos inmovilizados sin cumplir los
requisitos legales.
Evitar el registro de motocicletas y automóviles en los
sistemas oficiales.
Eliminar comparendos o modificar su información.
Tramitar licencias de conducción y tránsito de manera
irregular.
Expedir documentos falsos.
Retirar bienes almacenados en los patios para
posteriormente venderlos.
La Fiscalía asegura que incluso se alteraban los sistemas
de información oficiales, se ocultaban comparendos y se destruían elementos
probatorios relacionados con infracciones de tránsito.
Los presuntos roles
Dentro del expediente se describe el papel que habría
desempeñado cada uno de los investigados.
Según el ente acusador, William Iván Rojas Giraldo, en su
calidad de director de Intrapitalito, presuntamente utilizaba su cargo para
influir en decisiones administrativas y recibir dinero por trámites ilegales.
Por su parte, Leonardo Vargas Torres sería quien
gestionaba la devolución irregular de vehículos y recibía pagos para agilizar
procedimientos.
Otros funcionarios habrían participado en la entrega
fraudulenta de motocicletas, la extracción de autopartes, la apropiación de
placas oficiales, la manipulación de comparendos y la comercialización de
bienes que permanecían bajo custodia del organismo de tránsito.
Veinte hechos documentados
La Fiscalía logró documentar al menos 20 hechos que,
según el expediente, ocurrieron entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
Entre ellos figuran el hurto de motocicletas almacenadas
en los patios de Intrapitalito, la apropiación de 32 cajas con placas
oficiales, el retiro de autopartes de vehículos inmovilizados y múltiples casos
de cobros ilegales para devolver automotores sin cumplir el procedimiento
establecido.
Uno de los episodios involucra directamente al entonces
director William Iván Rojas Giraldo. De acuerdo con la acusación, el 19 de
diciembre de 2023 habría utilizado su investidura para influir en la entrega
irregular de un vehículo Renault Twingo que había sido inmovilizado minutos
antes por una agente de tránsito.
La Fiscalía sostiene además que algunos implicados
recibieron sumas que oscilaban entre 300 mil y 1 millón 350 mil pesos para
facilitar la devolución irregular de vehículos o impedir que estos fueran
registrados en el sistema oficial.
La Fiscalía sostiene que existió una empresa criminal
El escrito de acusación concluye que la estructura tenía
permanencia en el tiempo, distribución de funciones y coordinación entre sus
integrantes.
"Su estructura era la de ser un grupo delincuencial
organizado, actuando como empresa criminal, con una estructura jerárquica,
roles definidos y vocación de permanencia", señala el documento judicial.
Con base en los elementos materiales probatorios,
interceptaciones telefónicas e informes de Policía Judicial, la Fiscalía
considera que existe una alta probabilidad de que los hechos investigados
ocurrieron y que los hoy acusados participaron en ellos, razón por la cual
solicitará que el proceso continúe hasta el juicio oral, donde un juez definirá
la responsabilidad penal de cada uno de los procesados.
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