Los dos adultos fueron capturados en flagrancia por el Gaula de la Policía cuando, presuntamente, pretendían recibir el dinero exigido a los administradores de una empresa procesadora y comercializadora de carnes.
Dos hombres fueron enviados a prisión y dos adolescentes recibieron medida de internamiento preventivo luego de ser judicializados por la Fiscalía como presuntos responsables de una extorsión contra los administradores de una empresa procesadora y comercializadora de carnes de Neiva.
Los señalados habrían exigido inicialmente $100 millones
mediante amenazas contra las instalaciones, vehículos y trabajadores.
Una investigación adelantada
por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo de Acción Unificada por la
Libertad Personal, Gaula, de la Policía Nacional, terminó con la captura en
flagrancia de Diego Armando Sánchez Roa y José Gabriel Sunce Bravo, así como
con la aprehensión de dos adolescentes de 15 y 16 años, señalados de participar
presuntamente en un esquema de extorsión contra una empresa del sector cárnico
en Neiva.
Los hechos investigados se
remontan a julio de 2026, cuando los administradores de la compañía comenzaron
a recibir una serie de comunicaciones intimidatorias en las que les exigían
dinero a cambio de no atentar contra la empresa y sus trabajadores.
De acuerdo con la
investigación de la Fiscalía, las víctimas habrían recibido llamadas
telefónicas, mensajes, fotografías, videos y grafitis intimidatorios, a través
de los cuales inicialmente les exigían el pago de $100 millones.
La suma posteriormente habría
sido reducida, aunque las amenazas se mantuvieron. Los mensajes advertían,
presuntamente, sobre posibles ataques contra las instalaciones de la empresa,
sus vehículos y las personas que allí laboraban.
La investigación señala que
los dos adultos procesados habrían utilizado a dos adolescentes de 15 y 16 años
para cumplir diferentes tareas dentro de la actividad extorsiva.
Según la hipótesis de la
Fiscalía, los menores habrían sido utilizados para entregar comunicaciones
atribuidas a un grupo delictivo, coordinar la recepción del dinero y
posteriormente suministrar un supuesto “paz y salvo” a las víctimas una vez se
efectuara el pago.
El dinero, de acuerdo con la
información entregada por el ente acusador, debía ser entregado en La Ceja,
Cauca, como parte de las condiciones impuestas a los administradores de la
compañía.
Sin embargo, el operativo
desplegado por unidades del Gaula de la Policía Nacional permitió frustrar la
entrega y capturar en flagrancia a los señalados cuando, presuntamente,
pretendían recibir el dinero producto de la exigencia extorsiva.
El procedimiento se desarrolló
en una zona industrial de Neiva, donde además fueron incautados una motocicleta
y un vehículo que, según las autoridades, estarían relacionados con las
actividades investigadas.
Tras las capturas y
aprehensiones, los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía y
posteriormente presentados ante jueces con función de control de garantías.
Fiscales de la Seccional Huila
les imputaron, de acuerdo con el grado de participación que habría tenido cada
uno, los delitos de extorsión en grado de tentativa agravada y uso de menores
de edad en la comisión de delitos.
Ninguno de los procesados
aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Durante las audiencias, los
jueces de control de garantías resolvieron imponer a Sánchez Roa y Sunce Bravo
medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el
proceso judicial.
En el caso de los
adolescentes, la autoridad judicial ordenó internamiento preventivo en un
centro especializado, de acuerdo con las disposiciones aplicables al Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
La utilización de menores,
bajo investigación
Uno de los elementos que
genera especial atención en este caso es la presunta utilización de
adolescentes para ejecutar actividades relacionadas con la extorsión.
La Fiscalía sostiene que los
menores no habrían tenido un papel meramente circunstancial, sino que
presuntamente fueron empleados para realizar entregas, coordinar la recepción
del dinero y cumplir otras funciones dentro del esquema investigado.
La utilización de niños, niñas
o adolescentes en actividades delictivas constituye una circunstancia de
especial gravedad y activa mecanismos específicos de protección y
responsabilidad dentro del sistema judicial colombiano.
En este caso, la decisión de
imponer internamiento preventivo a los dos adolescentes deberá desarrollarse
bajo las reglas especiales que rigen la justicia penal para menores de edad.
Una modalidad que mantiene en
alerta a las autoridades
El caso también refleja una
modalidad de extorsión en la que los delincuentes combinan diferentes
mecanismos de intimidación para aumentar la presión sobre sus víctimas.
Las llamadas y mensajes se
complementan con fotografías, videos, grafitis y comunicaciones que buscan
generar la percepción de que existe una estructura armada o criminal detrás de
las exigencias.
Para las autoridades, la
denuncia temprana resulta fundamental para identificar a los responsables y
evitar que las víctimas terminen entregando grandes cantidades de dinero.
En este episodio, la
intervención del Gaula permitió realizar el operativo antes de que se
concretara el pago y poner a los presuntos responsables a disposición de la
justicia.
La captura de los dos adultos
y la aprehensión de los adolescentes permitió frustrar una presunta extorsión
que, según la Fiscalía, comenzó con una exigencia de $100 millones y estuvo
acompañada de amenazas contra una empresa procesadora y comercializadora de
carnes de Neiva.
La investigación deberá
establecer ahora el nivel de responsabilidad individual de cada uno de los
procesados y determinar quiénes estarían detrás de las comunicaciones y
amenazas dirigidas contra las víctimas.
Mientras el proceso avanza, Diego
Armando Sánchez Roa y José Gabriel Sunce Bravo permanecerán bajo medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras los dos adolescentes
estarán en internamiento preventivo.
La Fiscalía continuará con la
investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar,
mediante las pruebas incorporadas al proceso, la responsabilidad penal de los
involucrados.
Todos los procesados mantienen
su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial en firme.
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