CATASTRO MULTIPROPÓSITO, SÍ PERO NO ASÍ.

 

En el país cada vez son más las voces de protesta que se unen, por las fallas en la  aplicación del Catastro Multiporoposito.

Los altos avalúos de los predios y la aprobación de la mayor taza para el cobro del impuesto predial por parte de Concejos Municipales, tiene inconforme a propietarios que ya iniciaron protestas en el territorio colombiano.

Por: Rodrigo Rojas Garzón

Periodista Huila Hoy 

 

Lo que inició como una herramienta técnica para saldar una deuda histórica con el ordenamiento del territorio, se ha transformado en un polvorín social. En las últimas semanas, las principales vías de acceso a municipios como La Calera, Cajicá y diversas zonas rurales del país han sido escenario de bloqueos y arengas. El motivo: el Catastro Multipropósito, una política que, aunque busca la justicia social, ha disparado el impuesto predial a niveles que muchos ciudadanos califican de "impagables".

 

El Catastro Multipropósito nació con el espíritu del Acuerdo de Paz, buscando identificar quién posee la tierra y cuánto vale realmente. Tras décadas de rezago (alrededor de 16 años en promedio sin actualizaciones en muchos municipios), el Gobierno se propuso la meta de actualizar el 70% del territorio nacional para 2026.

 

Sin embargo, al actualizar los valores catastrales para acercarlos al precio comercial, el impacto en el impuesto predial ha sido inmediato. Ciudadanos denuncian incrementos que, en casos extremos, superan el 700%, dejando a familias de estratos 1, 2 y pequeños productores rurales en una situación de vulnerabilidad económica.

 

"Catastro sí, pero no así", es el lema que resuena en las plazas, reflejando que el desacuerdo no es con la organización del territorio, sino con la carga fiscal que esta conlleva.

 

¿Por qué sube tanto?

 

Rezago histórico: Predios que pagaban impuestos sobre avalúos de hace 20 años han visto sus valores actualizados de golpe.

 

Transición brusca: La falta de una aplicación equitativa de las tazas y los topes del impuesto predial por los concejos de algunos municipios ha permitido que el golpe sea directo al bolsillo del  contribuyente.

 

Valor comercial vs. Capacidad de pago: En muchas zonas, el valor de la tierra ha subido por especulación, pero los ingresos de sus habitantes se mantienen estancados.

 

Posibles soluciones

 

Ante la presión popular y las vías de hecho que se han registrado en algunas regiones del territorio colombiano, el Gobierno y expertos han puesto sobre la mesa diversas alternativas para mitigar el impacto:

 

Se encuentra en marcha una legislación que busca limitar el crecimiento del impuesto. Para los estratos 1 y 2, el aumento no debería superar el IPC (Índice de Precios al Consumidor), siempre que el predio no supere ciertos rangos de valor (aprox. 135 SMLMV).

 

Implementar incrementos progresivos durante varios años para que el ciudadano pueda adaptar su presupuesto. Modificar los estatutos tributarios municipales para que quienes tienen predios de lujo paguen proporcionalmente más, aliviando la carga de los sectores populares.

 

Pago por Cuotas y Descuentos sin intereses y fortalecer los descuentos por pronto pago.

 

Desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la postura es clara: la actualización es necesaria para la Reforma Rural Integral y para fortalecer las finanzas de los municipios más pobres. No obstante, han reconocido que el 93% de los predios en el país no deberían sufrir alzas desproporcionadas en su bolsillo.

 

El reto para el 2026 es mayúsculo. Mientras el Gobierno intenta consolidar el inventario de tierras más ambicioso de la historia, la calle reclama que el progreso territorial no puede hacerse a costa del hambre de los propietarios.

 

La solución final no parece ser técnica, sino política: una que logre equilibrar la necesidad de saber qué tiene el país con la realidad económica de quienes lo habitan.

 

 

Aunque el avalúo catastral lo define el IGAC o un gestor catastral, el valor final de la factura que llega al ciudadano depende del Concejo Municipal. Su función principal es:

 

Los concejos deben actualizar el Estatuto Tributario para ajustar las tarifas (por ejemplo, del 5 al 10 por mil). Si el avalúo sube drásticamente, el concejo tiene la facultad de bajar la tarifa para que el golpe al bolsillo no sea tan fuerte.

 

Crear acuerdos para otorgar descuentos por pronto pago, pagos por cuotas o exoneraciones temporales para sectores afectados (como el agropecuario o víctimas del conflicto).

 

Bajo la Ley 1995 de 2019 y normativas recientes de 2024-2026, los concejos deben vigilar que se cumplan los límites al incremento del impuesto. Para predios urbanos habitacionales de estratos 1 y 2, el incremento no puede superar el IPC + 8 puntos (o límites similares según la ley vigente).

 

Si el gestor catastral entrega una actualización que dispara el cobro por encima de estos topes, el Concejo Municipal debe intervenir normativamente para proteger a los contribuyentes.

 

Si bien los  municipios necesitan dinero para inversión social (vías, escuelas, salud, obras de infraestructura). El catastro actualizado no se puede constituir en un sinónimo de abuso que sacuda los bolsillos del pueblo.