Luis Gerardo Ochoa Sánchez, vilmente asesinado el 6 de abril de 2017.
Aunque el proceso está en la etapa de juicio oral y el crimen fue declarado delito lesa humanidad, pasaron 9 años y solo hay un condenado con beneficios, y los demás indiciados, vinculados en libertad, gozando de una paquidérmica e ineficiente administración de justicia.
Por: Rodrigo Rojas Garzón
Periodista Huila Hoy
Han
pasado nueve años desde que cuatro disparos le segaron la vida del dirigente
social, abogado y exconcejal Luis Gerardo Ochoa Sánchez. Su asesinato, ocurrido
el 6 de abril de 2017 en el municipio de Pitalito, Huila, no solo enlutó a una
comunidad, sino que destapó uno de los entramados judiciales más complejos y
prolongados del sur del país, marcado por denuncias de corrupción y un proceso
que aún deja más preguntas que respuestas en la administración de justicia.
Ochoa
Sánchez fue asesinado en su oficina, ubicada cerca del Palacio de Justicia de
Pitalito, entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde. Aunque en un inicio el crimen
parecía un hecho de sicariato común en el Valle de Laboyos, con el paso del
tiempo se evidenció que detrás del homicidio podría existir presuntamente una
red de intereses ligados a intereses en un proyecto de vivienda de “interés
social”.
Abogado
de profesión y defensor de Derechos Humanos, Ochoa desarrolló una activa vida
pública. Fue personero en los municipios de Albania (Caquetá) y Pitalito, y
precandidato a la Alcaldía de este último por el partido Centro Democrático. En
sus últimos años, ejercía como litigante y lideraba la defensa de cerca de 320
familias de escasos recursos vinculadas al proyecto de vivienda “Ciudadela la Voz de
Dios”, predio que en la actualidad está confiscado por la Fiscalía 35
Especializada de la ciudad de Bogotá.
Dicho
proyecto, impulsado inicialmente por la iglesia Cruzada Cristiana bajo el
liderazgo del pastor y secretario de Planeación Municipal para esa entonces Édgar
Núñez Guzmán, quien prometía soluciones habitacionales a familias que durante
años habían ahorrado para acceder a una vivienda propia. Sin embargo, la
investigación de Ochoa reveló que el predio había sido adquirido con los
recursos de estas familias y posteriormente revendido a un tercero: Mauricio Parra Rodriguez con antecedentes por narcotráfico y dueño de la empresa Soginco
S.A.S.
Tras
esta operación, el proyecto pasó de contemplar 320 viviendas a 1.400
apartamentos con un costo aproximado de 55 millones de pesos cada uno. Ochoa
denunció lo que consideró una estafa, al evidenciar que a las familias se les
estaba cobrando nuevamente por inmuebles que ya habían financiado con sus
ahorros.
De
acuerdo con testimonios de sus familiares, el abogado fue presionado por la
contraparte para desistir de la demanda. Se negó. Días después, fue asesinado.
Un
año más tarde, el 6 de abril de 2018, se realizó la audiencia de acusación
contra los presuntos responsables. Entre los implicados figuraban Mauricio Parra Rodríguez y César Alberto Sierra Avellaneda (el primero dueño, y el segundo
gerente de Soginco S.A.S. quien se encuentra prófugo de la justicia), el pastor
Édgar Núñez Guzmán, el edil Luis Mario Colorado Rodas, el exalcalde de Pitalito
Miguel Antonio Rico Rincon, todos en libertad por vencimiento de términos,
indiciados y en juicio oral ejerciendo su defensa técnica.
En
el desarrollo del proceso judicial, Eduardo Villanueva Murcia aceptó su
responsabilidad como autor material del crimen y fue condenado a ocho años y
diez meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de
armas. La sentencia fue emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de Pitalito, tras un preacuerdo con la Fiscalía que
le otorgó beneficios para acogerse a
sentencia anticipada por condiciones de marginalidad.
Las
investigaciones adelantadas por la Fiscalía incluyeron la recolección de cerca
de mil videos de cámaras de seguridad, de los cuales solo dos resultaron
útiles. Según el ente acusador, el sabotaje a los sistemas de vigilancia
—incluyendo la manipulación de cables y el robo de cámaras— sugiere que el
crimen fue planeado con antelación.
Los
registros audiovisuales permitieron identificar movimientos sospechosos en la
zona, incluyendo un vehículo que transitaba repetidamente por el lugar y el
ingreso de un hombre a la oficina del abogado minutos antes del asesinato.
De
acuerdo con las autoridades, la estructura criminal estaría compuesta por
varios individuos, entre ellos Estiwar Sterling Santacruz, quien habría
coordinado la logística del crimen, y otros actores vinculados tanto a la
ejecución como a la planeación del homicidio.
La
Fiscalía también señaló como presuntos autores intelectuales a Mauricio Parra
Rodríguez, Édgar Núñez Guzmán y César Alberto Sierra Avellaneda, estos dos
últimos relacionados con la empresa Soginco S.A.S. Asimismo, se indicó que
Mauricio Parra Rodriguez habría servido como enlace para contactar la estructura
sicarial.
A
pesar de las capturas, confesiones y avances parciales en el proceso, la
familia de Ochoa y diversos sectores sociales denuncian que el caso sigue
envuelto en la impunidad pese a ser declarado un crimen de lesa humanidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nueve años después,
persiste la exigencia de justicia, especialmente en lo relacionado con
los autores intelectuales y las posibles redes de corrupción que motivaron su muerte violenta.
El asesinato de Luis Gerardo Ochoa
Sánchez no solo arrebató la vida de un líder, sino que dejó al descubierto las
vulnerabilidades de quienes denuncian irregularidades en contextos de poder, y
fallas en la administración de justicia. Hoy, su caso sigue siendo un símbolo
de lucha contra la impunidad en el sur de Colombia.
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