Santiago Andrés Murillo Meneses, de 19 años, murió el 1 de mayo de 2021 en Ibagué tras recibir un disparo en el pecho por parte de un policía durante el paro nacional.
La
Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad
general por 14 años al mayor (r) de la Policía Nacional Jorge Mario Molano
Bedoya, tras concluir que incurrió en un uso excesivo de la fuerza durante las
protestas del 1 de mayo de 2021 en Ibagué (Tolima), hechos en los que murió el
joven Santiago Andrés Murillo Meneses.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entonces
oficial desatendió las normas que regulan el uso de la fuerza en contextos de
manifestaciones sociales, pese a tener pleno conocimiento de las directrices
institucionales. La conducta fue calificada como una falta disciplinaria
gravísima cometida a título de dolo, al establecerse que su actuación fue
consciente, voluntaria y deliberada, con afectación directa del derecho
fundamental a la vida.
La decisión disciplinaria se produce luego de que el
ente de control analizara lo ocurrido durante la jornada de protesta en la
capital tolimense, donde Murillo Meneses, de 19 años, perdió la vida tras
recibir un disparo en el pecho. El joven estudiante se dirigía hacia su
vivienda cuando fue impactado en medio de los disturbios.
El caso tuvo lugar en la calle 60 con carrera Quinta
de Ibagué, en un contexto de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y
fuerza pública durante el paro nacional de 2021. Desde entonces, el nombre de
Santiago Andrés Murillo Meneses se convirtió en símbolo de las denuncias por
presuntos abusos policiales en el país.
En el ámbito disciplinario, la Procuraduría determinó
que Molano Bedoya incumplió su deber de ceñirse a los mandatos constitucionales
y legales, que exigen una actuación proporcional y necesaria por parte de los
uniformados, especialmente en escenarios de protesta social.
No obstante, en el frente penal el proceso no ha
tenido el mismo avance. El mayor (r) ha sido vinculado a una investigación por
el delito de homicidio agravado, pero el caso ha enfrentado dilaciones
significativas. En 2024, el oficial recuperó la libertad por vencimiento de
términos, lo que ha generado críticas por parte de distintos sectores.
El fallo disciplinario aún no está en firme. Contra la
decisión procede recurso de apelación en efecto suspensivo ante el despacho del
Procurador General de la Nación.
A más
de tres años de los hechos, el caso continúa generando debate en Colombia sobre
el uso de la fuerza por parte de la Policía y las garantías de justicia para
las víctimas en el marco de la protesta social.
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