Una decisión judicial suspende
el proceso de ampliación del resguardo Kokonuko y Yanacona de Paletará en
territorio huilense y ordena garantizar consulta previa y revisión de
oposiciones.
Por: Rodrigo Rojas Garzón
Editor Huila Hoy
Una decisión del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva marcó queda para la historia
en la defensa del territorio del Huila, al ordenar a la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) abstenerse de emitir cualquier decisión relacionada con la
ampliación del resguardo indígena Kokonuko y Yanacona de Paletará.
El fallo, emitido el 22 de
abril de 2026 por el juez Armando González Torres, amparó derechos
fundamentales de comunidades del departamento al evidenciar posibles
irregularidades en el proceso adelantado por la ANT. Según la providencia, no
se habrían garantizado principios esenciales como la consulta previa, el debido
proceso y la protección de la integridad cultural y espiritual de los
territorios involucrados.
La controversia gira en torno
al polígono definido mediante el Auto No. 202476000030069, que contemplaba la
ampliación del resguardo sobre entre 47.000 y 49.000 hectáreas en territorio
huilense, abarcando zonas rurales de Isnos, La Argentina, Saladoblanco y San
Agustín.
El área en discusión incluye
sectores de alta relevancia ambiental, incluso cercanos al Parque Nacional
Natural Puracé, lo que ha encendido alertas sobre la posible afectación de
ecosistemas estratégicos, fuentes hídricas y sitios considerados sagrados por
comunidades locales.
La medida judicial se originó
tras la admisión de una tutela interpuesta por el Consejo Regional Indígena del
Huila CRIHU, que, si bien no se opone a la ampliación de resguardos en el
Cauca, rechazó que dicho proceso se extendiera sobre territorios huilenses sin
el debido cumplimiento de la consulta previa.
A este proceso se sumó el
acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, que ha respaldado la
revisión del caso tras advertir presuntas inconsistencias en visitas técnicas y
en los estudios que sustentan la solicitud de ampliación.
En el ámbito local, fue clave
la intervención del alcalde de Isnos, José Alfredo Muñoz, quien desde el inicio
manifestó su preocupación por el impacto que tendría la medida sobre el
territorio huilense. Su gestión permitió articular esfuerzos institucionales y
comunitarios que derivaron en acciones jurídicas para frenar el proceso.
Asimismo, la dirigencia política
especialmente la del sur del Huila a través de la Asamblea Departamental han
advertido sobre posibles riesgos de pérdida de soberanía ambiental y
afectaciones al ordenamiento territorial del departamento.
El despacho judicial ordenó a
la ANT resolver las oposiciones presentadas por las comunidades en un plazo de
10 días hábiles, realizar una visita técnica interétnica en la zona en disputa
y garantizar la realización de un proceso de consulta previa antes de adoptar
cualquier decisión definitiva.
Estas medidas buscan asegurar
la participación efectiva de todas las comunidades involucradas y evitar
decisiones unilaterales que puedan generar conflictos sociales y territoriales.
El caso del Huila se enmarca
en el debate nacional sobre la política de tierras y la ampliación de
resguardos indígenas impulsada por el Gobierno. Aunque estos procesos buscan
saldar deudas históricas con comunidades étnicas, también han evidenciado tensiones
cuando se superponen intereses territoriales entre regiones y grupos
poblacionales.
Para analistas, este fallo
refuerza la necesidad de garantizar procesos transparentes, concertados y
respetuosos de la diversidad cultural, coherentes con la protección especialmente
en zonas de reserva ambiental donde convergen comunidades indígenas, campesinas
y ecosistemas estratégicos para la producción de agua, la conservación de la
fauna y flora.
Tras conocerse la decisión,
líderes sociales y comunidades del sur del Huila destacaron el fallo como un
avance en la defensa del territorio. Sin embargo, también hicieron un llamado a
mantener el diálogo entre comunidades indígenas del Cauca y del Huila para
encontrar soluciones concertadas.
Por ahora, la ampliación del
resguardo queda suspendida, mientras las autoridades avanzan en el cumplimiento
de las órdenes judiciales que definirán el futuro de uno de los procesos
territoriales más sensibles que pretenden la ampliación de la frontera agrícola
afectando sensiblemente la Pachamama “Madre Tierra”.
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