Pero además del fallo, el alto
tribunal hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación
por las fallas en la investigación.
En su decisión, la Sala Penal
concluyó que el caso estuvo marcado por errores desde sus primeras etapas. La
Fiscalía nunca logró sostener una teoría clara, solo osciló entre señalar a
Moreno como coautora del homicidio o como una testigo que habría ocultado
información, lo que generó inconsistencias jurídicas que terminaron debilitando
toda la acusación.
El fallo también advierte que
durante el proceso se modificaron varias veces los cargos y la forma de
atribuir responsabilidad penal, sin consolidar una línea argumentativa sólida.
Incluso, la Corte dejó entrever que la imputación por homicidio pudo haber sido
utilizada como mecanismo de presión para que la procesada señalara a supuestos
responsables, en lugar de partir de pruebas firmes.
Sobre los hechos, el alto
tribunal reiteró que no se logró demostrar la participación de Moreno ni
establecer con claridad cómo ocurrió la muerte del estudiante la noche del 31
de octubre de 2010 en Bogotá. Por el contrario, los elementos técnicos analizados
apuntan a que el fallecimiento fue compatible con asfixia por inmersión en el
caño El Virrey, evidenciada por la presencia de líquido en vías respiratorias y
otros hallazgos forenses.
En el caso de Jessy Quintero
el tema judicial fue distinto; no fue absuelta, sino que su proceso prescribió.
Esto significa que la justicia no alcanzó a emitir un fallo dentro del tiempo
legal, por lo que ya no puede ser juzgada por falso testimonio o encubrimiento.
En la práctica, quedó sin responsabilidad penal, pero sin una decisión de fondo
sobre su conducta, lo que refuerza las críticas a la demora y a los errores en
el manejo del caso por parte de las autoridades.
La Corte también subrayó que,
pese a que hubo tiempo para corregir errores entre la imputación y la
acusación, estos no se ajustaron. Los cambios constantes en la teoría del caso,
tanto en lo fáctico como en lo jurídico, terminaron afectando la coherencia del
proceso y la posibilidad de sustentar una condena.
Con esta decisión, queda en firme la absolución de Moreno y se cierra judicialmente un proceso que durante más de una década generó controversia nacional. Sin embargo, la falta de una verdad concluyente sobre lo ocurrido mantiene abiertas las dudas en la opinión pública y el reclamo de la familia del joven, que insiste en que seguirá buscando respuestas.
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