Mientras avanzan las disputas jurídicas y
políticas, el Gobierno insiste en que garantizará el pago de las pensiones ya
reconocidas y sostiene que Colpensiones continuará respondiendo por las mesadas
de los trabajadores afectados.
Por: Yaneth Pulido Enciso
El
ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó el pasado martes 12 de mayo, una dura acusación contra los fondos privados
de pensión y contra decisiones recientes del Consejo de Estado, al asegurar que
existe una maniobra para impedir el traslado de recursos de trabajadores hacia
Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional.
Durante
una rueda de prensa, el jefe de la cartera laboral afirmó que el Gobierno
emprenderá acciones jurídicas “hasta el último suspiro” para recuperar cerca de
25 billones de pesos que, según explicó, corresponden a 120.000 trabajadores
que decidieron trasladarse de manera voluntaria desde fondos privados hacia
Colpensiones, amparados en el artículo 76 de la Ley 2381.
Sanguino
aseguró que, de ese total, más de 25.000 personas ya tienen reconocida su
pensión y actualmente reciben sus mesadas a través de Colpensiones, pese a que
—según denunció— los fondos privados no han transferido los recursos
correspondientes. “Los recursos no son de los fondos privados, son de los
trabajadores colombianos”, afirmó el ministro.
Choque
con el Consejo de Estado
El
funcionario cuestionó con dureza las medidas cautelares emitidas por un
magistrado del Consejo de Estado, identificado por el apellido Bedoya, quien
suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026, norma que ordenaba el traslado
de esos recursos hacia el fondo público.
Según
Sanguino, inicialmente la decisión judicial permitía trasladar cerca de 5
billones de pesos correspondientes a los pensionados ya reconocidos por
Colpensiones. Sin embargo, denunció que posteriormente el alto tribunal amplió
la suspensión y frenó también ese traslado.
El
ministro calificó la actuación judicial como “inexplicable e inaceptable” e
incluso señaló que el Gobierno evalúa posibles acciones contra el magistrado
por presunto prevaricato. “Aquí hay razones extralegales detrás de ese
pronunciamiento”, sostuvo.
Además,
acusó al Consejo de Estado de interferir en asuntos que, según el Ejecutivo,
son competencia exclusiva de la Corte Constitucional, particularmente sobre la
revisión de la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381.
Recursos
invertidos en el exterior
Uno
de los puntos más delicados de la denuncia del ministro tiene que ver con el
manejo financiero de los ahorros pensionales. Sanguino afirmó que los fondos
privados mantienen cerca de 280 billones de pesos invertidos en portafolios
internacionales, especialmente en Estados Unidos.
Según
dijo, los recursos que deberían haber sido trasladados a Colpensiones continúan
generando rentabilidad para las administradoras privadas. “Se están quedando
con recursos ajenos para derivar utilidades financieras”, aseguró.
Las
declaraciones elevan la tensión entre el Gobierno nacional y el sector
financiero, en momentos en que continúa la incertidumbre jurídica sobre la
entrada plena en vigencia de la reforma pensional.
Consejo
de ministros definirá acciones
El
ministro confirmó que este miércoles 13 de mayo, a las 7:00 de la noche, el
primer punto del Consejo de ministros estará dedicado exclusivamente a definir
las medidas jurídicas que adoptará el Gobierno.
En
la reunión participarán equipos jurídicos del Ministerio de Trabajo, Ministerio
de Hacienda, Colpensiones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Entre
las acciones que se estudian están recursos judiciales contra las decisiones
cautelares y posibles investigaciones sobre la conducta de los fondos privados.
El
presidente Gustavo Petro, según reveló Sanguino, también pidió a la
Superintendencia Financiera revisar si existen conductas “dolosas o ilegales”
por parte de las administradoras privadas de pensiones.
Llamado
a trasladarse a Colpensiones
En
medio de la controversia, el ministro aprovechó para invitar a los ciudadanos a
trasladarse desde los fondos privados hacia Colpensiones antes del 16 de julio,
fecha límite contemplada en la reforma para ejercer el derecho de traslado bajo
el mecanismo de doble asesoría.
También
lanzó críticas a la Corte Constitucional por la demora en resolver las demandas
contra la reforma pensional. “No pueden tener la Constitución en una mano y el
calendario electoral en la otra”, afirmó.
Incluso,
aseguró que los bloqueos institucionales contra la reforma podrían terminar
fortaleciendo la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
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