Los enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa, sumados a la presencia de disidencias armadas, mantienen en alerta a las autoridades y generan preocupación por la situación humanitaria en la región.
La
compleja situación de orden público que se vive en la frontera entre los
departamentos de Cauca y Huila continúa generando preocupación entre las
autoridades y las comunidades indígenas, debido a los enfrentamientos
registrados entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa por disputas
territoriales históricas.
La
problemática, que se ha intensificado en las últimas semanas, también estaría
relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, especialmente
disidencias de las antiguas Farc, señaladas de ejercer control sobre
actividades ilícitas en esta subregión del país.
Uno
de los focos de tensión se concentra en sectores rurales del municipio de Silvia,
donde se han presentado choques entre comunidades indígenas que han dejado
líderes muertos, decenas de personas heridas y un ambiente de alta
conflictividad social.
De
acuerdo con denuncias conocidas en la región, la comunidad Misak asegura haber
perdido parte de sus territorios ancestrales y exige el cumplimiento de
acuerdos relacionados con tierras y resguardos. Por su parte, integrantes del
pueblo Nasa defienden los límites de sus territorios argumentando títulos
ancestrales y derechos jurídicamente reconocidos.
La
situación se agrava por la presencia de estructuras armadas ilegales del
llamado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, que mantienen
hostigamientos y presiones sobre las comunidades rurales en corredores
estratégicos entre Inzá y La Plata.
Habitantes
de estas zonas denuncian confinamientos, restricciones a la movilidad y temor
permanente por posibles confrontaciones armadas, lo que ha generado alertas
humanitarias por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos
humanos.
Ante
el deterioro de la situación, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares
instalaron un Puesto de Mando Unificado, PMU, con el propósito de coordinar
operaciones de seguridad, fortalecer patrullajes y restablecer el orden público
en los territorios afectados.
De
manera paralela, líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca, así como
congresistas y organizaciones sociales, solicitaron la instalación de mesas de
concertación con el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras
para buscar una salida negociada al conflicto agrario.
Mientras continúan las conversaciones institucionales, las comunidades indígenas reiteran el llamado al Gobierno Nacional para garantizar seguridad, respeto por los derechos territoriales y soluciones estructurales que permitan frenar la violencia en esta región del suroccidente colombiano, donde persiste el riesgo de una mayor crisis humanitaria.
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