De acuerdo con reportes periodísticos y denuncias ciudadanas, algunos predios rurales registraron incrementos de hasta el 300 %, 500 % e incluso superiores en el valor del impuesto predial.
La implementación del catastro
multipropósito en Colombia, una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno
Nacional para actualizar la información territorial y modernizar el sistema de
avalúos, se ha convertido en el centro de una fuerte controversia social y
política debido al impacto económico que ha generado en miles de propietarios
rurales y urbanos del país.
REDACCIÓN ACTUALIDAD
En las últimas semanas,
campesinos, productores agrícolas, líderes comunitarios y gremios rurales han
protagonizado bloqueos, marchas y protestas en departamentos como Santander,
Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Valle del Cauca y Cundinamarca,
denunciando incrementos “desproporcionados” en el impuesto predial tras la
actualización catastral impulsada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC).
El catastro multipropósito
busca actualizar el valor real de los predios en Colombia, muchos de los cuales
llevaban décadas con avalúos desactualizados. Según el Gobierno, esta
herramienta permite mejorar la planeación territorial, formalizar la propiedad
rural y fortalecer las finanzas de los municipios. Sin embargo, en varias
regiones del país la medida ha sido recibida con rechazo debido al aumento
inmediato en las obligaciones tributarias.
De acuerdo con reportes
periodísticos y denuncias ciudadanas, algunos predios rurales registraron
incrementos de hasta el 300 %, 500 % e incluso superiores en el valor del
impuesto predial, situación que generó inconformidad entre pequeños productores
y campesinos que aseguran no tener capacidad económica para asumir esos nuevos
cobros.
Las protestas alcanzaron un
nivel crítico en Santander, donde durante varios días permanecieron bloqueadas
importantes vías nacionales que comunican a Bucaramanga con Barrancabermeja y
otras zonas estratégicas del nororiente colombiano. Los manifestantes exigieron
la suspensión temporal de la actualización catastral, la revisión de los
avalúos y la congelación de los cobros derivados del nuevo sistema.
Incluso, algunos líderes
advirtieron sobre la posibilidad de radicalizar las manifestaciones si el
Gobierno no atendía sus reclamos, mientras sectores productivos alertaron sobre
pérdidas millonarias por los bloqueos viales y el riesgo de desabastecimiento
en varias regiones.
El presidente Gustavo Petro
defendió la política de actualización catastral y aseguró que el objetivo es
lograr mayor equidad tributaria, argumentando que durante años muchos grandes
propietarios pagaron impuestos bajos debido a avalúos inferiores al valor real
de sus tierras. No obstante, también señaló que la definición de las tarifas
del impuesto predial corresponde a los concejos municipales y alcaldías.
La controversia también generó
choques políticos entre el Gobierno Nacional y mandatarios regionales. La
gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó los efectos
de la medida sobre las comunidades campesinas, mientras desde distintos
sectores se pidió revisar la metodología aplicada por el IGAC.
Tras varios días de protestas,
el Gobierno instaló mesas técnicas y espacios de concertación con voceros
campesinos y autoridades locales para revisar los casos más críticos y evaluar
posibles ajustes en los avalúos. Algunos acuerdos permitieron levantar
parcialmente los bloqueos en Santander, aunque persiste la preocupación en
múltiples regiones del país.
Expertos y estudios académicos
reconocen que el catastro multipropósito puede mejorar la gestión tributaria y
aumentar el recaudo municipal, pero advierten que su implementación debe
hacerse de manera gradual y considerando las condiciones socioeconómicas de las
comunidades rurales. Investigaciones recientes desarrolladas en municipios como
Montería y Cartago señalan que la actualización catastral fortalece las
finanzas territoriales, aunque también puede generar fuertes impactos sobre el
impuesto predial si no existen mecanismos de transición y alivio tributario.
A las críticas sociales se
suman advertencias de la Contraloría General de la República sobre retrasos,
subejecución y dificultades en la implementación de la política pública de
catastro multipropósito, especialmente en zonas rurales donde aún persiste una
alta desactualización de la información predial.
Mientras continúan las
discusiones, el debate sobre el catastro multipropósito se consolida como uno
de los temas más sensibles para el sector rural colombiano, en medio de las
tensiones entre la necesidad de modernizar el sistema territorial y el temor de
miles de familias campesinas frente al incremento de la carga tributaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario