El exmandatario y dos exfuncionarios de la Alcaldía fueron imputados por el delito de prevaricato por acción, tras presuntas modificaciones irregulares al Plan de Ordenamiento Territorial de la capital huilense.
La
Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz
Calderón, junto a dos exdirectivos de la administración municipal, por su
presunta responsabilidad en modificaciones irregulares al Plan de Ordenamiento
Territorial, POT, durante el año 2023.
Junto
al exmandatario también fueron vinculados al proceso el exdirector de
Planeación, José Eustacio Rivera Montes, y el exdirector técnico adscrito al
despacho municipal, Daniel Fernando Martínez Falla.
De
acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de
Administración Pública de la Seccional Huila, los exfuncionarios habrían
tramitado un decreto y una resolución que, presuntamente, sirvieron como
mecanismo para introducir cambios irregulares en el POT de la ciudad.
La
Fiscalía indicó que las modificaciones estaban relacionadas con aspectos
fundamentales del ordenamiento urbano, entre ellos el uso y clasificación del
suelo, densidades urbanísticas, zonas de expansión y disponibilidad de
infraestructura, medidas que presuntamente buscaban viabilizar proyectos
urbanísticos en la capital huilense.
Por
estos hechos, el ente acusador imputó a los tres procesados el delito de
prevaricato por acción. Sin embargo, durante las audiencias, ninguno aceptó los
cargos formulados.
Según
las autoridades judiciales, para expedir los actos administrativos relacionados
con modificaciones al POT era obligatorio contar previamente con conceptos
técnicos y avales de entidades como la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena, el Consejo Territorial de Planeación y el Concejo Municipal de
Neiva.
Asimismo,
la Fiscalía aseguró que también debían adelantarse procesos de concertación y
socialización con la comunidad, requisitos que, al parecer, no se habrían
cumplido dentro del procedimiento cuestionado.
El proceso judicial continuará en las próximas etapas procesales, mientras la Fiscalía busca esclarecer si las actuaciones de los exfuncionarios vulneraron las normas urbanísticas y administrativas vigentes. El caso ha generado amplio debate en la capital huilense debido al impacto que las modificaciones del POT podrían tener sobre el desarrollo urbanístico de la ciudad.
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