En
Colombia se ha vuelto costumbre que ciertos sectores de la prensa abandonen la
objetividad para convertirse en actores políticos. Ya no investigan con
equilibrio: persiguen con sesgo y cuando encuentran a alguien que no se doblega
a sus intereses ideológicos, activan su maquinaria para destruir reputaciones y
sembrar dudas en la opinión pública. Eso
está ocurriendo hoy con el candidato mayoritario de la oposición Abelardo de la
Espriella. No miran sus propuestas de gobierno, lo que hacen es meterle morbo a
su activismo para intentar deslegitimarlo atacando su ejercicio profesional
como abogado penalista, como si defender personas dentro del marco
constitucional fuera un delito moral.
Deliberadamente
olvidan que el derecho a la defensa es un pilar esencial del Estado de Derecho.
¿Quién ha dicho que un abogado se convierte en cómplice de las conductas de sus
clientes por ejercer su profesión? ¿Acaso no es el mismo Estado quien, frente a
un criminal que manifieste no tener como pagar a un abogado defensor, es el
Estado mismo quien se lo provee? Si así fuera, habría que condenar también a
quienes defiendan guerrilleros, narcotraficantes, paramilitares o corruptos en
estrados internacionales o nacionales.
Por
qué los malquerientes periodistas del candidato y próximo presidente Abelardo
de la Espriella, guardan silencio cómplice frente a hechos, esos mucho más
graves, que si merecerían una investigación periodística profunda y rigurosa?
Pocos cronistas olvidan, por ejemplo, sobre el contenido de los computadores
hallados tras la muerte de “Raul Reyes”, donde aparecieron referencias y
menciones relacionadas con Iván Cepeda y sus contactos con las Farc. Esos
mismos, en lugar de promover un debate serio sobre el alcance político y
jurídico de esas, non santas relaciones, prefieren minimizar el asunto bajo el
pretexto de decisiones sesgadas de la Corte Suprema de Justica. Tampoco existe
el mismo rigor para esclarecer como se produjo la fuga de Jesús Santrich e Iván
Marquez, dos militantes activos de las Farc que suscribieron el acuerdo de paz
con Juan Manuel Santos y que terminaron reincidiendo y regresando a la
clandestinidad armada.
Ahí
desaparece la indignación mediática. Ahí el periodismo militante se vuelve
prudente y la severidad moral se transforma en relativismo. Ese el verdadero
problema: el maniqueísmo. Para algunos (as) periodistas hay ciudadanos “malos”
que deben ser destruidos, y otros “buenos” que merecen comprensión y
misericordia.
Una
sociedad donde la prensa actúa como tribunal político antes que, como garante
de la información, termina reemplazando la justicia por el linchamiento
mediático. Eso está mal y muy mal, y
habla mal de alguna prensa del país.
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