Colombia un rehén del crimen
organizado: es la consecuencia de una peligrosa mutación del Estado , que ha
pasado de combatir estructuras criminales a reconocerlas como interlocutores
políticos, de una delirante “Paz Total”, preludio de una nación “potencia
mundial de la vida”, con: 330.000
hectáreas de coca, con 40.000 homicidios
en tres años de gobierno y extensos territorios tomados por la insurgencia,
mediante extorsiones, secuestros, asesinatos de lideres sociales, reclutamiento
forzado y violaciones de menores, más de 80.000 familias desplazadas, por
acción de muchos de los gestores de paz
del gobierno del cambio.
Aparentemente, la cacareada
“paz total” suena humanista, pero en la práctica resulta profundamente
peligrosa. Nadie sensato puede cuestionar la paz, sino que lo que vemos es un
enorme costo institucional que se está pagando por intentarla, sin condiciones
claras ni resultados a la vista. Colombia ya vivió ese camino. Durante los años
oscuros de la expansión del narcotráfico, la política termino infiltrada por
estructuras ilegales, el cartel de Medellín y el de Cali, la parapolítica,
recordemos el proceso 8.000 de Ernesto Samper, la política de sometimiento de
los bandidos a la justicia, que no solo financiaban campañas, sino que definían
candidaturas y controlaban regiones enteras. Hoy, ese fenómeno no ha desaparecido;
en Medellin recientemente vimos a las principales estructuras herederas del
narcotráfico compartiendo tarima en la plaza de la Alpujarra con el presidente
Gustavo Petro. Ayer nomas, la fiscal general de la nación ordeno levantar las
ordenes de captura a 23 cabecillas de esos grupos criminales que fueron
invitados por el gobierno de Gustavo Petro a ser “gestores de paz”.
Y ahí es donde el riesgo se
vuelve estructural. Los criminales empoderados políticamente por el señor
Gustavo Petro adquieren y pueden influir en el poder. Con eso, la política de
seguridad pierde coherencia, la fuerza pública, Ejército y Policía, han sido
debilitados en su capacidad operativa, en ese momento el proceso electoral
presidencial se adelanta bajo una sombra creciente de impunidad. En Colombia,
con lo que ha pasado con los cabecillas de las peores organizaciones criminales
en Antioquia, no necesitan tomarse el poder por la fuerza. Les basta con
influirlo, condicionarlo o cooptarlo como lo puedan hacer ¿Que esperamos los
colombianos demócratas de los candidatos de la oposición? Primero, liderazgo
real, no declaraciones, tampoco trinos. Colombia espera tres cosas concretas:
Una línea de autoridad clara frente al crimen:
El país no quiere más interlocución con los grupos ilegales, sino una
política de Estado que recupere el control territorial; Unidad estratégica. -La
derecha y el centro están repitiendo el error histórico del 2022.
¿Dónde está cada candidato?
Abelardo de la Espriella es el único que ha fijado una posición agresiva total
y frontal contra las organizaciones y estructuras criminales; Paloma Valencia,
tiene una posición de seguridad firme, sin embargo, no cuenta con el apoyo
total de su fórmula vicepresidencial; Sergio Fajardo: Ambiguo estructuralmente.
En resumen: quien está
dispuesto, y tiene la capacidad real de recuperar el Estado con toda su
capacidad militar y de cerrar la puerta a la penetración del crimen en la
política, es Abelardo de la Espriella.
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