El Gobierno estima que con este nuevo impuesto se podría alcanzar un recaudo cercano a los $8 billones de pesos.
A partir de este miércoles 1
de abril de 2026 comienza la denominada “hora 0” para que las empresas en
Colombia con un patrimonio superior a los $10.000 millones cumplan con el pago
del nuevo impuesto al patrimonio, una medida adoptada en el marco de la última
emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro.
El tributo, según lo
establecido por el Gobierno nacional, deberá pagarse en dos cuotas iguales. La
primera corresponde al 50% del valor total y deberá cancelarse este 1 de abril,
mientras que el 50% restante tendrá como fecha límite el próximo 4 de mayo de
2026.
Uno de los aspectos clave para
los contribuyentes es la determinación del patrimonio líquido, es decir, el
resultado de restar las deudas a los activos. Para el año gravable 2026, la
normativa contempla distintos umbrales. En términos generales, el impuesto se
activa desde patrimonios superiores a 40.000 UVT, equivalentes a cerca de
$2.094 millones. No obstante, en el caso del impuesto extraordinario dirigido a
empresas, el umbral es significativamente mayor: 200.000 UVT, es decir, más de
$10.474 millones.
El esquema tarifario es
progresivo, lo que implica que la carga tributaria aumenta conforme crece el
nivel de riqueza. En algunos casos, las tarifas oscilan entre el 0,5% y el 5%
para los patrimonios más elevados. Para las empresas cobijadas por el decreto
de emergencia, la tarifa general se fijó en 0,5%, aunque sectores específicos
como el financiero y el extractivo enfrentarán tasas superiores.
De hecho, mientras la tarifa
general para personas jurídicas se mantiene en 0,5%, con la entrada en vigor de
este nuevo tributo algunas actividades, particularmente las relacionadas con el
sector financiero y la explotación de recursos naturales como el petróleo y el
carbón, deberán asumir una carga del 1,6%.
La declaración y el pago del
impuesto deberán realizarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(Dian), a través de los formularios dispuestos por la entidad para tal fin.
Preocupaciones por impacto en la inversión
La implementación de este
impuesto ha generado inquietud entre expertos y analistas, quienes advierten
sobre posibles efectos negativos en la inversión empresarial. Uno de los
principales señalamientos apunta a que el tributo podría desincentivar la capitalización
de las compañías y afectar su flujo de caja.
“Yo creo que ese impuesto al
patrimonio puede recaudar mucho, pero es un problema porque va a desincentivar
la inversión”, afirmó Jairo Orlando Villabona, exdirector de la Dian, al
advertir sobre las limitaciones fiscales que enfrenta el país y las pocas
alternativas que, según él, le quedan al Gobierno para aumentar el recaudo.
El experto también señaló que
la medida podría generar dificultades de liquidez para algunas empresas,
especialmente si deben responder al pago en un periodo tan corto. “Va a haber
empresas que quizás no tengan ni siquiera la liquidez para poder pagar ese
impuesto”, advirtió.
Asimismo, Villabona subrayó
que este tipo de gravámenes podría afectar la percepción de Colombia como
destino de inversión extranjera. “Si usted es un inversionista del exterior y
le dicen que en ese país le cobran por tener empresa sobre el patrimonio, eso
casi no se ve en otras partes del mundo”, puntualizó.
Meta de recaudo y retos de cumplimiento
El Gobierno estima que con
este nuevo impuesto se podría alcanzar un recaudo cercano a los $8 billones.
Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad real de las empresas para
cumplir con la obligación, especialmente en escenarios de baja liquidez.
En este contexto, el éxito de
la medida dependerá no solo del diseño tributario, sino también del
comportamiento del sector empresarial y de la efectividad de los mecanismos de
fiscalización implementados por la Dian.
Con su entrada en vigencia, el
impuesto al patrimonio se posiciona como una de las apuestas más relevantes del
Ejecutivo para fortalecer las finanzas públicas, aunque no está exento de
cuestionamientos sobre sus efectos en el crecimiento económico y la inversión
en el país.


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