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martes, 31 de marzo de 2026

EMPRESAS A PAGAR EL IMPUESTO AL PATRIMONIO.

 

El Gobierno estima que con este nuevo impuesto se podría alcanzar un recaudo cercano a los $8 billones de pesos.


A partir de este miércoles 1 de abril de 2026 comienza la denominada “hora 0” para que las empresas en Colombia con un patrimonio superior a los $10.000 millones cumplan con el pago del nuevo impuesto al patrimonio, una medida adoptada en el marco de la última emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro.

 

El tributo, según lo establecido por el Gobierno nacional, deberá pagarse en dos cuotas iguales. La primera corresponde al 50% del valor total y deberá cancelarse este 1 de abril, mientras que el 50% restante tendrá como fecha límite el próximo 4 de mayo de 2026.

 

Uno de los aspectos clave para los contribuyentes es la determinación del patrimonio líquido, es decir, el resultado de restar las deudas a los activos. Para el año gravable 2026, la normativa contempla distintos umbrales. En términos generales, el impuesto se activa desde patrimonios superiores a 40.000 UVT, equivalentes a cerca de $2.094 millones. No obstante, en el caso del impuesto extraordinario dirigido a empresas, el umbral es significativamente mayor: 200.000 UVT, es decir, más de $10.474 millones.

 

El esquema tarifario es progresivo, lo que implica que la carga tributaria aumenta conforme crece el nivel de riqueza. En algunos casos, las tarifas oscilan entre el 0,5% y el 5% para los patrimonios más elevados. Para las empresas cobijadas por el decreto de emergencia, la tarifa general se fijó en 0,5%, aunque sectores específicos como el financiero y el extractivo enfrentarán tasas superiores.

 

De hecho, mientras la tarifa general para personas jurídicas se mantiene en 0,5%, con la entrada en vigor de este nuevo tributo algunas actividades, particularmente las relacionadas con el sector financiero y la explotación de recursos naturales como el petróleo y el carbón, deberán asumir una carga del 1,6%.

 

La declaración y el pago del impuesto deberán realizarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a través de los formularios dispuestos por la entidad para tal fin.

 

Preocupaciones por impacto en la inversión

 

La implementación de este impuesto ha generado inquietud entre expertos y analistas, quienes advierten sobre posibles efectos negativos en la inversión empresarial. Uno de los principales señalamientos apunta a que el tributo podría desincentivar la capitalización de las compañías y afectar su flujo de caja.

 

“Yo creo que ese impuesto al patrimonio puede recaudar mucho, pero es un problema porque va a desincentivar la inversión”, afirmó Jairo Orlando Villabona, exdirector de la Dian, al advertir sobre las limitaciones fiscales que enfrenta el país y las pocas alternativas que, según él, le quedan al Gobierno para aumentar el recaudo.

 

El experto también señaló que la medida podría generar dificultades de liquidez para algunas empresas, especialmente si deben responder al pago en un periodo tan corto. “Va a haber empresas que quizás no tengan ni siquiera la liquidez para poder pagar ese impuesto”, advirtió.


Asimismo, Villabona subrayó que este tipo de gravámenes podría afectar la percepción de Colombia como destino de inversión extranjera. “Si usted es un inversionista del exterior y le dicen que en ese país le cobran por tener empresa sobre el patrimonio, eso casi no se ve en otras partes del mundo”, puntualizó.

 

Meta de recaudo y retos de cumplimiento

 

El Gobierno estima que con este nuevo impuesto se podría alcanzar un recaudo cercano a los $8 billones. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad real de las empresas para cumplir con la obligación, especialmente en escenarios de baja liquidez.

 

En este contexto, el éxito de la medida dependerá no solo del diseño tributario, sino también del comportamiento del sector empresarial y de la efectividad de los mecanismos de fiscalización implementados por la Dian.

 

Con su entrada en vigencia, el impuesto al patrimonio se posiciona como una de las apuestas más relevantes del Ejecutivo para fortalecer las finanzas públicas, aunque no está exento de cuestionamientos sobre sus efectos en el crecimiento económico y la inversión en el país.

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