El escándalo de los llamados “Colegios de la Felicidad” dejó de ser un fracaso y se convirtió en una investigación administrativa y penal.
Por: Julio Bahamon
Un repaso al proceso, por demás inmoral, de los proyectos es el siguiente. El contrato pasó de $35.700 millones de pesos, en un santiamén, a $45.536 millones de pesos, con tres adiciones presupuestales, antes de iniciar las obras, ampliación del plazo a 25 meses, dos suspensiones formales y apenas alcanzó una ejecución del 60%.
A la fecha desde 2014 en que se adjudicaron, en el gobierno de Carlos Julio González, no hay una sola institución en servicio ni completamente terminada. La contraloría del Huila, de la época, y la Asamblea del Departamento callaron sus “ojos” ante el estropicio. La Contraloría General de la República abrió juicio fiscal por detrimento patrimonial superior a $ 45.500 millones de pesos, lo que implica que el Estado considera que pudo haber un daño al erario público y que deben establecerse responsabilidades patrimoniales e individuales. Además, la Fiscalía adelanta investigaciones por conductas y delitos como: peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento y eventuales irregularidades en la administración de los dineros entregados a los contratistas como anticipo y posteriores adiciones presupuestales. En el proceso han sido vinculados dos exgobernadores, González Villa y Dussan López, los secretarios de educación, el jefe de contratación, la directora de la secretaria jurídica, interventores, supervisores y los contratistas. Durante la administración de Carlos Julio González Villa se adjudicó y se acomodó el contrato. Bajo el gobierno de Luis Enriqie Dussan las obras fueron suspendidas, el contrato se venció y no se logró terminar ninguno de los 6 colegios de la Felicidad de Carlos Julio (“El camino es la educación”). Hoy mientras todo se oculta por parte del actual gobernador Villalba Mosquera, su socio González Viilla anuncia una nueva aspiración a la gobernación; Dussan López guarda silencio y Villalba tapa y tapa. Este último tiene la obligación de entregar al Huila un informe técnico integral: avance físico de las obras, ejecución financiera, estado del anticipo, pólizas de garantías, reclamaciones y acciones, si acaso las interpuso, de repetición contra los responsables del saqueo.
El departamento del Huila necesita un mensaje institucional, no electoral. Los niños de Algeciras, El Agrado, El Pital, La Plata e Isnos no pudieron estudiar en los colegios que se merecían porque unos políticos corruptos del Huila les robaron sus ilusiones, y uno de los ladrones, está planeando nuevas campañas.
La política no puede ser refugio de bandidos. Si González Villa y/o Dussan López son responsables, habría que mirar también qué responsabilidad le cabe a Villalba como cómplice por omisión, y todos deben responder ante la ley, y si se concluye que hubo delito, la consecuencia no puede ser otra que la cárcel.
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