"La JEP ha funcionado con una lógica tenebrosa de selectividad que, en la práctica, ha generado una percepción dañina. La justicia no ha sido igual para todos".
Por estos días, que se acerca
la terminación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la discusión no gira
alrededor de su nefasto y vergonzoso papel que ha cumplido ese alto tribunal de
impunidad, sino ¿qué hizo realmente, y si cumplió su propósito, o terminó convertida en un experimento fallido de justicia transicional? La realidad es
evidente. La ecuación es simple y desastrosa: Justicia lenta más justicia
parcializada termina inevitablemente en impunidad total. Difiere absolutamente,
de lo que fue, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Nuremberg
en Alemania, creado por los países aliados para “juzgar y castigar a los
principales criminales de guerra de las naciones del Eje Europeo”.
El papel de la JEP dista mucho
de lo que debe ser un Tribunal Especial para la Paz. Colombia ha sido sometida,
desde hace 62 años, al imperio de las bandas criminales de las Farc y del ELN y
los principales criminales, en este caso, no fueron juzgados ni castigados,
sino que Juan Manuel Santos los cobijó con un manto de inmunidad parlamentaria,
otorgándoles curules en el Senado de la República y en la Cámara de
Representantes. Se burló de las víctimas. La legitimidad de la JEP dependía de
tres pilares: verdad plena, sanción efectiva y reparación de las víctimas, para
garantizar que los crímenes y sus autores fueran castigados y no quedaran sus
delitos en la impunidad. Sin embargo, tras largos años de funcionamiento, los
resultados distan de esa promesa. El balance es pobre: un número pequeño de
sentencias frente a un universo gigantesco de crímenes, procesos que avanzan
con lentitud desesperante y una alta Corte diseñada más para administrar el
tiempo que impartir justicia.
La JEP ha funcionado con una
lógica tenebrosa de selectividad que, en la práctica, ha generado una
percepción dañina. La justicia no ha sido igual para todos. La mayoría de los
bandidos han sido sometidos a escenarios flexibles, con sanciones que difícilmente
satisfacen el principio de proporcionalidad frente a la gravedad de los
delitos. Más grave aún: el modelo no ha cumplido su función disuasiva. Colombia
es hoy un país más violento en razón a que las estructuras de los grupos
ilegales se han reciclado y fortalecido. La promesa de no repetición se quedó
en el olvido.
En ese contexto, insistir en la
prolongación de la JEP es políticamente inconveniente. El verdadero debate lo
ha propuesto el Dr. Asbelardo de La Espriella, quien ha manifestado que la JEP
debe cerrarse de manera responsable. Cerrar no significa borrar, significa
concluir, limitar su papel con plazos perentorios en los casos más avanzados y
en los máximos responsables, y los procesos que no alcancen a resolverse deben
pasar a la justicia ordinaria y, en el caso de militares, a la justicia penal
militar.
Y, sobre todo, quien no diga
la verdad. Quien no repare a las víctimas, pierde automáticamente cualquier
beneficio y debe responder ante la justicia ordinaria. Cuando la justicia se
dilata, lo que queda es impunidad. Abelardo presidente: ¡Firmes por la Patria!
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