Líderes comunitarios de Palestina amenazan con una
renuncia masiva ante las exigencias de grupos armados ilegales, quienes pretenden
obligarlos a cobrar extorsiones de 200 pesos por árbol a los caficultores. La
comunidad exige la intervención inmediata del Ejército y la Policía para frenar
esta grave crisis social."
Por: Redacción Judicial
La tranquilidad del sur y centro del Huila estaria seriamente amenazada. Una alarmante realidad golpea con fuerza a los líderes comunitarios y a los productores del agro en el municipio de Palestina, está reviviendo los peores fantasmas del conflicto armado en la región. La comunidad rural hoy se debate entre el miedo y el abandono institucional.
El aspecto más crítico de la reciente ola de denuncias
radica en la perversa intención de grupos al margen de la ley de
instrumentalizar a directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Pretenden obligar a los
presidentes a convertirse en recaudadores de extorsiones —las denominadas
"vacunas"—, exigiendo una tarifa de $200 por cada árbol de café
sembrado.
Líderes comunales de los municipios Suaza, Garzón y Acevedo tambien han denunciado ser objeto de las presiones por parte de los presuntos disidentes del Bloque Comandante Jorge Suarez Briseño.
Un corredor histórico de conflicto
La geografía del municipio juega un papel determinante.
Expertos y voces de la reserva activa de la Fuerza Pública, como el sargento
retirado Héctor Herrera —antiguo comandante de la estación de Policía local—,
recuerdan que sectores como El Tabor y las estribaciones del Parque Nacional
Natural Cueva de los Guácharos (en límites con Acevedo y Caquetá) han
funcionado históricamente como corredores estratégicos y zonas de retaguardia
para grupos armados debido a su compleja topografía montañosa.
Herrera advierte que, para contener la delincuencia en estas
áreas de difícil acceso, la acción de la policía local es insuficiente; se
requiere la articulación inmediata con el Batallón de Infantería No. 27
Magdalena del Ejército Nacional, con sede en Pitalito, emulando las estrategias
de control que contuvieron la violencia a finales de los años 90.
Urgencia de un SOS institucional
Hasta el momento, el silencio de la Gobernación del Huila y
del Departamento de Policía local alimenta la incertidumbre y el desamparo en
las veredas. La comunidad exige la activación urgente de tres componentes
clave:
Se necesita acciones de la inteligencia (SIJIN y SIPOL):
Para esclarecer si las amenazas provienen de disidencias organizadas (como el
Estado Mayor Central) o de delincuencia común instrumentalizando el miedo.
Plan de Choque Militar: Despliegue de tropas en la frontera
entre Palestina y Acevedo.
Protección Inmediata: Activación de rutas especiales por
parte de la UNP y el Ministerio del Interior para salvaguardar a los líderes
comunitarios.
Sin una presencia institucional oportuna y contundente, el
control territorial quedará a merced de la ilegalidad, dejando a los campesinos
desprotegidos frente al chantaje económico.
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