"Resulta difícil entender el reconocimiento inicial del triunfo democrático con un posterior desconocimiento de la autoridad del presidente electo".
Hace algunos días, excandidato Iván Cepeda, el de las FARC,
reconocía públicamente el resultado de las urnas. Admitió que los colombianos
habíamos elegido democráticamente a Abelardo de la Espriella como presidente de
la Republica y anunciaba que esperaría la terminación de los escrutinios y las
decisiones de las autoridades competentes antes de hacer su pronunciamiento. Y
así lo hizo.
Es postura transmitió un mensaje de serenidad institucional.
Pero ahora su discurso ha cambiado de manera radical.
Ahora el cachifo excandidato, anuncia que dejara de
reconocer su autoridad mientras conserve la ciudadanía estadounidense y,
además, es lo más grave, convoca a una “desobediencia civil “para oponerse a su
posesión”.
Al fin en qué quedamos cabrón. ¿Qué hecho nuevo ocurrió para
desconocer lo que reconoció hace unos días? La doble nacionalidad no era un
secreto que se descubrió después de las elecciones. Esa situación la conocimos
los 53 millones de colombianos antes del 21 de junio y casi 13 millones lo
respaldamos y lo elegimos como nuestro presidente. Las autoridades competentes
dilucidaron en su momento el caso.
Resulta difícil entender el reconocimiento inicial del
triunfo democrático con un posterior desconocimiento de la autoridad del
presidente electo. Ese cambio de posición revela una imagen de incoherencia
política mayúscula que merece ser repudiada por todos los colombianos y la
comunidad internacional. Ya hubo respuesta de la “perramenta” adoctrinada en
las tales “primeras líneas”: uno de sus
mastines, un tal sargento Chala, anuncio violencia en las calles. Sepa una cosa
Cepeda: lo que 13 millones de colombianos ganamos en las urnas no lo vamos a
perder por acción de los violentos. Pase lo que pase. Al miedo ya le pusimos
calzones y coraje.
El nuevo gobierno respaldado por el mundo en su inmensa
mayoría, tiene el deber irrenunciable desde el 21 de junio anterior en la
noche, de garantizar el orden constitucional. Ello significa impartir
instrucciones claras a la Fuerza Pública para que actúe con estricto apego a la
Constitución, la ley, y el uso legítimo y proporcional de la fuerza cuando las
circunstancias lo exijan. Eso encaja en su papel de proteger simultáneamente el
derecho de los ciudadanos a manifestarse y el derecho del resto de la sociedad
a vivir en paz, a movilizarse libremente y ver garantizado el normal
funcionamiento de las instituciones.
En un Estado social y democrático de derecho no gobiernan ni
los violentos ni las amenazas. Gobiernan la Constitución y las leyes. La posesión del presidente elegido no es un
acto de un partido político: es un acto de la Republica.



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