La madrugada del 3 de abril no
fue una madrugada cualquiera en los muros severos del centro penitenciario de
máxima seguridad de Jamundí. A esa hora incierta en la que la noche aún respira
y el día apenas insinúa su llegada, un silencio extraño —casi premonitorio— se
deslizó entre los pasillos de concreto. Fue allí donde Alexander Díaz Alvarado, de 34 años, burló los
controles y se escurrió como una sombra fuera del encierro que durante años lo
había contenido.
Su nombre no era desconocido.
En expedientes judiciales y titulares de prensa, había sido bautizado con un
alias que parecía arrancado de una pesadilla rural: “El Monstruo de Anapoima”.
Detrás del apodo, una historia marcada por la violencia: homicidio, acceso
carnal violento, hurto y porte ilegal de armas. Delitos que, sumados, le
valieron una condena de 27 años, una cifra que pretendía medir —sin lograrlo
del todo— la gravedad de sus actos.
La fuga encendió las alarmas
como una chispa en terreno seco. Desde el mismo instante en que se confirmó su
ausencia, la maquinaria institucional se puso en marcha. La Policía Nacional de Colombia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
desplegaron un operativo que, más que búsqueda, parecía una persecución contra
el tiempo. No se trataba solo de recapturar a un fugitivo: era evitar que la
amenaza que su nombre evocaba volviera a materializarse en las calles.
Durante horas —y luego días—,
la incertidumbre se extendió por varias regiones del país. Las autoridades
tejieron una red de información, cruzando datos, revisando movimientos,
escuchando rumores que viajaban con la velocidad del miedo. Cada pista era una
posibilidad; cada error, un riesgo.
Fue en el barrio La Cartagena,
en Ibagué, donde el cerco finalmente se
cerró. Allí, entre calles comunes y rutinas ajenas al sobresalto, los
uniformados identificaron al hombre que intentaba diluirse en el anonimato. No
hubo lugar para la huida esta vez. La captura fue rápida, casi silenciosa, como
si el destino —o la presión de la búsqueda— hubiera decidido poner fin a la
fuga con la misma precisión con la que comenzó.
El coronel Edgar Fernando López González destacó la
celeridad de la reacción institucional, subrayando que la activación inmediata
de las alertas permitió neutralizar lo que describió como una amenaza latente
para la comunidad. Sus palabras, medidas pero firmes, buscaban transmitir
control en medio de la inquietud que el caso había sembrado.
Ahora, de nuevo bajo custodia,
Díaz Alvarado regresa no solo a los barrotes que dejó atrás, sino a un
escenario judicial más complejo. A su ya extensa condena se sumará el peso de
un nuevo delito: fuga de presos. Un intento de libertad que duró apenas unos
días, pero que bastó para recordar la fragilidad de los sistemas y la
persistencia de quienes buscan quebrarlos.
Así termina —al menos por
ahora— este episodio: con un hombre nuevamente encerrado, una ciudad que
respira aliviada y una historia que, lejos de extinguirse, continúa
escribiéndose en los fríos muros y rejas en un centro penitenciario que dice
ser de alta seguridad.
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