Fue admitida demanda en contra de la Presidencia de la República por falta de control territorial y de acción para la protección de la población en el Huila.
El Tribunal Administrativo del Huila admitió la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho en busca de la protección de los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de este departamento, derechos que, según la fundación, están siendo sistemáticamente vulner@dos.
La Fundación alertó sobre la intensificación de la violenc¡a en el Huila, la v¡olación sistemática de estos derechos y los graves hechos de reclutamiento de m3nores después de que el gobierno decretara el cese al fuego con los grupos al margen de la ley, incluyendo el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC.
Acorde a lo que establece la demanda de la Fundación, los grupos al margen de la ley tendrían el control social y territorial del departamento, desplegando una serie de acciones (peajes, secu3stros, amen@zas, comb@tes y confinamientos) que terminan en estas vulneraciones.
La acción popular, se destaca, “no pretende cuestionar la política de paz, sino que, en medio de las negociaciones de paz y de sometimiento, se protejan los derechos de los habitantes del departamento del Huila”.
“Desde FEDe. Colombia buscamos evitar que, mientras el Estado colombiano propicia diálogos de paz con el Estado (...) se siga permitiendo que estos grupos expandan su control sobre el territorio, cometiendo abusos en contra de la colectividad y violaciones a sus derechos colectivos”, aseguró Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación y exgobernador (e) del Huila.
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