Expresidente de Colombia Julio César Turbay Ayala.
POR
HUGO MAURICIO FERNÁNDEZ BARÓN
La
visita del presidente Julio Cesar Turbay Ayala el 21 de marzo de 1980 a
Pitalito fue saboteada por el M-19. El mandatario, luego de subir al poder en
1978, expidió el Estatuto de Seguridad que generó el abuso militar, torturas y
violaciones de derechos humanos.
Inaugurar
la Cárcel del Circuito Judicial, como se denominaba en aquella época, fue el
motivo de la extraordinaria visita presidencial al Valle de Laboyos. Construir
cárceles era un gesto de autoritarismo populista que necesitaba el Estatuto de
Seguridad que introdujo al país el estado de sitio permanente, la
militarización de la justicia, la censura de los medios de comunicación, la
intervención y ocupación militar de las universidades públicas y la
supeditación de la justicia al poder ejecutivo.
Sin embargo, a pesar de la efervescencia derechista y las consabidas medidas de seguridad por el acontecimiento, la fuerza pública no pudo evitar el sabotaje de cuatro guerrilleros del M-19 que pocos meses después realizarían la toma armada de la emisora Radio Sur.
El
M-19 os saluda
Todo
estaba preparado para la visita del presidente en Pitalito. Las comitivas de
acompañamiento, los dispositivos de seguridad, hasta las banderitas tricolor
para los asistentes al desfile. Por la entrada norte a Pitalito, al costado
derecho de la carretera, una gran valla, como la que actualmente consagra
Pitalito a Jesucristo, había sido levantada por la policía del municipio. Ese
fue el blanco de la acción subversiva. Amparados en la noche, con ruanas y
sombreros, en grupos de a dos, semejantes a campesinos, los cuatro rebeldes se
dieron sus mañas para llegar hasta el lugar de la publicidad que saludaría al
presidente.
Al
otro día, cuando la caravana presidencial, que venía desde Neiva presidida y
escoltada por varias patrullas de policía, llegó al tramo donde estaba el
mensaje oficial, lo primero que vieron a lo lejos los miembros de la comitiva
fue a un grupo de agentes que derribaban a la fuerza la valla que la misma
institución había preparado.
Pese
a los esfuerzos de los uniformados por acabar con la estructura publicitaria lo
más rápido posible, cuando la carroza presidencial estuvo más cerca del aviso,
los pasajeros -entre ellos el Director General de Prisiones Coronel Adolfo León
Gómez Isaza- no pudieron evitar leer la frase gigante que sobre un tachón en
las palabras “la policía”, desafiaba: “Bienvenido a Pitalito presidente, el
M-19 os saluda”.
Profesores
de Pitalito torturados
Días
antes de la visita del presidente gangoso al Valle de Laboyos, quizá con la
intención premeditada de la inteligencia militar de mostrar resultados
positivos para estrenar la penitenciaría que había sido construida en el
gobierno de Misael Pastrana por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia
bajo la Dirección de Gustavo Cuello Iriarte, 17 profesores de Pitalito fueron
detenidos por militares del Batallón Magdalena, comandado entonces por el
coronel Norberto Adrada Córdoba, donde fueron sometidos a vejámenes y torturas,
acusados de ser guerrilleros del M-19. Un año y trece días permanecieron
privados de la libertad profesores reconocidos en el municipio por su labor
educativa como Germán Godoy, Meyer Rivas, Ancelmo Gaviria, Salvador Polo,
Serafín Bolaños, Mercedes Osorio y Germán Calderón, entre otros.
Corrían
los tiempos en que la atmósfera del país estaba muy caldeada por la creciente
amenaza de las guerrillas, especialmente del M-19. Una época que se caracterizó
por la polarización social, la confrontación armada y denuncias de crímenes atroces
ante la comunidad internacional. Hace 40 años, el Estatuto de Seguridad dividió
al país y, tras la confrontación entre el Estado y la insurgencia, quedó
encubierta una guerra sucia que se fue apoderando del país con el aliento del
narcotráfico.
Así
las cosas, se desencadenó como nunca una oleada de allanamientos, se llenaron
las cárceles de presos políticos y las torturas y violaciones de derechos
humanos se convirtieron en el pan de cada día. Una situación que se prolongó
incluso luego de la dejación de armas del M-19 en los inicios de los años 90 y
que le cegó la vida a miles de excombatientes que quisieron ejercer la
participación política.
Libertad y garantías políticas
La
actual implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional Y las
Farc-Ep, que pese al incumplimiento del Estado en varios aspectos, camina
despacio pero firme, ha llegado a un momento crucial. En los próximos días el
nuevo partido político legal de esta organización revolucionaria será
presentado de manera oficial y pública ante el mundo. Las expectativas que se
tienen frente a su participación política en los próximos comicios nacionales
será determinante para el futuro de la democracia de un país que necesita
orientarse hacia nuevos modelos progresistas. Sin embargo, miles de
excombatientes continúan privados de la libertad en las cárceles de Colombia y
varios han sido asesinados luego de recibir la amnistía. Esto sin hablar de los
líderes sociales que han sido silenciados a bala luego de la firma del acuerdo.
La libertad ideológica y las garantías políticas que debe ofrecer el Estado a quienes han decidido incorporarse a la vida civil a través de la participación democrática es un problema que no podemos dejar pasar inadvertido. El gobierno debe reconocer y combatir la presencia del paramilitarismo en los territorios donde estas fuerzas criminales tienen su poderío. Mientras tanto, la ciudadanía debe conocer y exigir el cumplimiento de lo acordado, así como velar porque se respete la vida de quienes sueñan una nueva Colombia y están dispuestos a seguir luchando con la palabra para transformar la manera de hacer política en un país que necesita el compromiso de todos para construir la paz.
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