POR JULIO BAHAMON VANEGAS
Salvemos a San Agustín, e Isnos, Tierradentro, Inza, Ciudad Perdida. Defendamos el patrimonio cultural de Colombia.
Colombia, señores, enfrenta una amenaza silenciosa pero grave. El rumor, cada vez más sólido, de que el gobierno de Gustavo Petro pretende entregar la posesión y administración de todos los parques arqueológicos del país a comunidades indígenas, sin que medien criterios técnicos, sin el aval del Congreso de la República ni del pronunciamiento de la ciudadanía.
Si esa intención se concreta, estaríamos ante una medida arbitraria e inconstitucional, y lo peor, ante la claudicación del Estado colombiano en su deber de proteger y preservar el patrimonio cultural de todos los colombianos.
El caso de los parques en san Agustín e Isnos, en el Huila, resulta por demás preocupante, pues no estamos hablando de un terreno cualquiera: Se trata de un lugar reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1.995, cuya riqueza histórica, escultórica y espiritual representa uno de los legados más importantes de la cultura en todo el continente.
¿Quién garantiza que esos parques sigan abiertos al mundo si se entregan a grupos que pueden restringir su acceso, reinterpretar los monumentos con fines ideológicos, o desestimar la conservación científica por prácticas rituales ajenas al rigor arqueológico?
¿Quién regresará a San Agustín, a Tierradentro o a Ciudad Perdida si dejamos que estos espacios se conviertan en territorios de exclusión, sin reglas, sin acceso ciudadano y sin control del Estado?
El patrimonio arqueológico es propiedad de la nación. Así lo establece la Constitución y lo reafirma la Ley General de la Cultura. No puede ser entregado, ni adjudicado, ni privatizado en favor de ninguna comunidad, por legitima que sea su identidad, sin violar el principio de igualdad ante la ley y sin poner en riesgo el acceso, la conservación y el reconocimiento internacional de esos sitios.
Desde esta columna hago un llamado a los alcaldes, concejos municipales, de San Agustín, de Isnos de Inza y Santa Marta para que se pronuncien, a las asambleas departamentales del Huila, Cauca y Magdalena y a los entes de control para que investiguen y eviten que se consuman esas arbitrariedades.
A la UNESCO para que exija garantías frente a la conservación técnica, científica y abierta de estos lugares.
Los parques arqueológicos son de todos, y no se entregan por caprichos ideológicos de un gobierno.
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