Ante el Juez Segundo Penal del Circuito en Pitalito, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila, llamará a juicio oral al diputado del departamento del Huila Wilfred Trujillo Trujillo y el contratista Oleider Gracia Vargas, por su presunta responsabilidad en la venta irregular de un lote en zona rural de Pitalito (Huila).
Los hechos investigados ocurrieron entre octubre y diciembre de 2016, y están relacionados con la venta de un bien inmueble ubicado en la vereda La Esmeralda del corregimiento de Bruselas (Pitalito), que al parecer sería destinado para la construcción de la sede principal de una institución educativa en ese municipio.
Trujillo Trujillo, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como concejal de Pitalito y no podía contratar directamente con la administración municipal, se habría valido del señor Gracia Vargas para vender ese bien inmueble a la alcaldía de Pitalito.
Según la investigación, al parecer se acordó que el predio figurara a nombre de un tercero para que el contratista Gracia Vargas pudiera negociarlo.
“Fungió como el tercero utilizado por Trujillo Trujillo para la suscripción del contrato estatal 422 del 28 de diciembre de 2016, siendo la persona a quien el Municipio de Pitalito le giró 7 cheques con cargo a la cuenta corriente oficial Nro. 339420005607 del Banco Agrario de Colombia, emitidos entre el 4 al 19 de enero del año 2017 que sumaron $545 millones de pesos”, señala el escrito de acusación.
Asimismo, los hoy procesados habrían inducido al error a la oficina de contratación del municipio de Pitalito emitiera la resolución 987 del 28 de diciembre de 2016, por medio de la cual se justificó la contratación directa para adquirir a título de compraventa el bien inmueble ofertado por Oleider Gracia Vargas. Así como también el contrato estatal 422 de 2016, cuyo objeto era la adquisición a título de compraventa de un bien inmueble destinado para la sede de la institución educativa.
La Fiscalía les imputó el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y fraude procesal. Dichos cargos no fueron aceptados por ninguno de los dos investigados.
“El comportamiento transgredió sin justa causa los bienes jurídicos tutelados de la administración pública…”, señala la fiscal.
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