En el Huila, esta práctica se
ha institucionalizado de manera descarada y vergonzosa. Desde la Gobernación
departamental, el mismo gobernador Rodrigo Villalba la ejerce abiertamente como
jefe de campaña, para lo cual usa el poder para intentar elegir a su sucesor.
No le han bastado 23 años de hegemonía en el gobierno, utiliza métodos poco
ortodoxos para comprar apoyos políticos mediante nombramientos burocráticos y
pagos de cuotas en otros cargos, sin importarle que esos gastos los está
haciendo con los impuestos que pagan los huilenses.
El caso más reciente es el del
autodenominado “jefe de la oposición” Rodrigo Armando Lara Sánchez, quien tras
asumir apenas hace dos años esa tarea, termino recibiendo una generosa cuota
burocrática: el nombramiento de su exjefa de campaña, la doctora Cielo Ortiz
Serrato, como gerente de Infihuila. Y no es el único: el exalcalde, y
exconcejal y también jefe de la "oposición” en Pitalito el doctor Francky Vega,
fue igualmente seducido por el ofrecimiento de un cupo en la lista a la Cámara
de Representantes del partido Liberal Petrista que encabezara la actual
representante, Petro - Cepedista, Flora Perdomo. Se supo que en esa jugadita
estarán también acompañándolo los exalcaldes Pedro Martín Silva y Gladys
Canacue. Villalba no esta dejando títere con cabeza: hace apenas unos meses se
llevo al exconcejal del CD Jhohan Steed Ortiz, quien para ser elegido por
nuestro partido hace dos años, apostrofo del suyo, el conservatismo, y ahora
asumió el cargo de asesor de la gobernación. Afloran los saltimbanquis sin
escrúpulo alguno.
Rodrigo Lara Bonilla, Héctor Polania Sánchez, Luis Eduardo Sánchez Muñoz, Manuel Castro Tovar, Rafael Pino Muñoz, deben estar revolcándose en sus tumbas de ver que sus partidos en el Huila, se han convertido en mercados persas, en los que un legado, una aspiración, se venden al mejor postor.
Mientras esto ocurre, Villalba espera que la Asamblea le devuelva los favores eligiéndole un Contralor de bolsillo. ¿Se atreverá la Asamblea a contravenir las disposiciones claras de la ley 996 de 2005 de garantías que entró en vigencia el pasado 8 de noviembre? En su artículo 38, la norma prohíbe expresamente a los gobernadores, alcaldes y demás autoridades territoriales: “Celebrar convenios interadministrativos o modificar la nómina del respectivo ente territorial durante los cuatro meses anteriores a las elecciones”, (con esta disposición muere el proyecto de ordenanza del presupuesto departamental para el 2026, y entra en cuidados intensivos la elección del nuevo Contralor del Huila). En otras palabras: ni contratos para aliados políticos, ni nombramientos de conveniencia, ni elección de funcionarios de control que puedan interpretarse como favores políticos. Si la Asamblea se sale del marco de la ley, se expondrá a acciones disciplinarias y penales por violación a la ley de Garantías. Mesura señores Diputados
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