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POR
WILFRED TRUJILLO TRUJILLO
Diputado
de la Asamblea del Huila
Hablar
de salud mental ya no puede seguir siendo un tabú. Los síntomas que antes se
ocultaban bajo el manto del silencio hoy claman por atención en todos los
rincones del país. Cada vez más colombianos y huilenses se enfrentan a la
ansiedad, la depresión, el insomnio, el agotamiento emocional o la pérdida del
sentido vital. Esta realidad exige decisiones responsables y urgentes desde lo
público, no solo desde la salud, sino también desde la educación, el trabajo,
la justicia y la ciencia.
Según
el Ministerio de Salud, más del 66 % de los colombianos ha enfrentado algún
problema de salud mental, una cifra aún más alarmante entre las mujeres
jóvenes. El país registró cerca de 2.800 suicidios en el último año, y el 93 %
de los ciudadanos considera que el sistema de salud debería incluir la salud
mental como una prioridad. En el Huila, la situación tampoco da tregua: el
departamento ha mantenido, por varios años consecutivos, una de las tasas de
mortalidad por suicidio más altas del país. Tan solo en 2024 se registraron 91
casos, superando el promedio nacional. Neiva y Pitalito encabezan las cifras.
La
salud mental es un asunto público que merece políticas sólidas, integrales y
sostenidas en el tiempo. Por eso celebramos la reciente promulgación de la Ley
2491 del 23 de julio de 2025, una iniciativa liderada por el senador opita
Carlos Julio González Villa, que marca un paso firme en la dirección correcta:
garantizar el desarrollo de competencias socioemocionales desde las aulas como
eje fundamental del bienestar y la salud mental en la niñez y adolescencia.
Esta
norma exige que todos los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) del país
incluyan un componente transversal de formación socioemocional, ¿qué significa
esto en la práctica? que los colegios, tanto públicos como privados, deben
incorporar estrategias, contenidos y acompañamientos que permitan a los
estudiantes desarrollar herramientas para el manejo de sus emociones, la
resolución de conflictos, la construcción de relaciones sanas y el fortalecimiento
de su autoestima.
El
enfoque de la ley es claro: prevenir antes que lamentar. Por eso, además de
incluir contenidos, establece la creación de espacios de formación para
docentes, cuidadores y orientadores, el diseño de rutas de atención
psicosocial, la activación de redes de apoyo y el seguimiento constante al
estado emocional de los estudiantes. A su vez, promueve la articulación entre
el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, garantizando así una
implementación interdisciplinaria y territorialmente adecuada.
Este
tipo de decisiones no pueden pasar desapercibidas, y mucho menos en regiones
como el Huila, donde los retos en salud mental son cada vez más urgentes y
donde el sistema educativo aún carece de las herramientas suficientes para atenderlos.
El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. Implementar esta ley
requiere voluntad política, liderazgo territorial, articulación institucional y
escucha activa a quienes viven, enseñan y acompañan en las aulas.
El
debate sobre salud mental no puede quedarse en las estadísticas, ni en los
comunicados. Este es un asunto que debe reflejarse en presupuestos, en
decisiones, en programas reales que transformen la vida de los niños, niñas y
jóvenes en nuestras instituciones educativas. La Ley 2491 es un avance, sí,
pero su implementación será la verdadera medida de su impacto. Y ahí estaremos
nosotros, vigilantes.
Desde
la Asamblea del Huila seguiré promoviendo espacios de diálogo con las
secretarías de educación, con rectores, docentes y expertos en salud mental.
Necesitamos garantizar que en cada rincón del departamento haya entornos
protectores, acompañamiento oportuno, herramientas pedagógicas adecuadas y,
sobre todo, un enfoque humano y sensible frente al sufrimiento emocional.
La
salud mental no puede seguir siendo tratada como un tema menor. Requiere de
compromiso político, inversión decidida y una transformación profunda de los
entornos escolares. No basta con buenos diagnósticos: necesitamos acciones
concretas, profesionales preparados, programas permanentes y una ciudadanía
consciente de la importancia de cuidar el bienestar emocional propio y el de
los demás.
Además,
debemos trabajar para que el estigma desaparezca. Ningún estudiante debe sentir
vergüenza por pedir ayuda. Ningún docente debe sentirse solo ante un caso
complejo. Ninguna familia debe ser excluida del proceso educativo por falta de
recursos emocionales. La educación emocional no es solo una herramienta
preventiva: es también una forma de justicia social.
En
nuestras aulas no solo se forman matemáticos, científicos o artistas: también
se forman seres humanos. Y en ese proceso, las emociones, la estabilidad
psicológica y el acompañamiento oportuno son tan fundamentales como el acceso a
libros o tecnologías. La Ley 2491 no es un simple documento: es una invitación
a construir escuelas más humanas, más seguras, más conscientes.
También
es una oportunidad para que los territorios actúen con decisión. Que las
secretarías de educación del Huila y los municipios diseñen estrategias serias,
que se invierta en formación docente, que se fortalezcan los equipos de
orientación escolar y que se creen alianzas con universidades, organizaciones
sociales y entidades de salud. Nadie puede ni debe quedarse al margen.
No
se trata solo de cumplir una norma. Se trata de entender que la salud mental
también es dignidad, también es futuro, también es justicia. Es hora de
convertir el cuidado emocional en una política pública, en una causa colectiva.
Porque ninguna comunidad puede prosperar cuando su gente vive en silencio el
dolor que no se ve.
A veces, lo más urgente no se nota a simple vista. Pero basta abrir los ojos y el corazón para entender que cuidar la mente también es salvar vidas.
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