POR
JULIO BAHAMON VANEGAS
La
columna del señor exvicepresidente Germán Vargas Lleras, publicada en el Diario
El Tiempo, es acertada, en cuanto a la vagabundería de algunos congresistas del
partido de la U, y de otros díscolos del liberalismo y del conservatismo, que
pueden andar negociando prebendas con Petro, pero nada les garantiza a ellos
que vayan a tener mayorías el próximo miércoles durante la elección del nuevo
magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, si eso llegare a ocurrir,
debemos tener en cuenta que la constitución del 91 diseño un sistema de
“contención” en la rama judicial, de forma tal, que no le quedara fácil a
ningún gobierno capturar totalmente la justicia.
En
un hipotético escenario de “mayoría oficialista” en la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia se volvería la primera línea de resistencia, porque
puede investigar y juzgar penalmente a altos funcionarios del gobierno.
El
Consejo de Estado podría bloquear la implementación de decretos
inconstitucionales o abusivos, incluso si la Constitución los respalda.
Aunque
la Corte Constitucional quisiera hacerle caso al desquiciado presidente, la
Suprema y el Consejo de Estado actúan como diques de contención frente a los
posibles excesos presidenciales. El riesgo es que, si el gobierno llegare a alcanzar
un bloque dentro de la Constitucional, la Corte se convertiría en una Corte
política más que jurídica. El intento de “atropellar” la Constitución podría
materializarse en reformas legislativas con vicios de fondo o de procedimiento
que, en condiciones normales, serían tumbadas por el Consejo de Estado.
Si
el escenario se pinta, de Estado de Excepción, herramienta prevista en la
Constitución, pero con límites claros, el gobierno debe tener cuidado porque su
convocatoria debe ser temporal, proporcional y sujeto a control judicial.
Petro,
pese a su discurso confrontacional, hoy no tiene margen político ni militar
para dar un salto autoritario al estilo de regímenes como Venezuela. Colombia
mantiene prensa libre, sociedad activa dispuesta a defender con sangre sudor y
lágrimas la república, fuerzas armadas institucionalistas y tratados
internacionales que lo limitan.
Sin
embargo. Lo deseable sería que el Congreso de la república, en este caso el
Senado, tome conciencia y derrote, de una vez por todas, la aspiración de la
señora Balanta, asidua y reconocida activista del petrismo.
Hoy
tenemos el deber y la obligación de defender las otras Cortes, pues ante una
embestida gubernamental con el propósito de atornillarse en el poder, la
Suprema y el Consejo de Estado serian clave para mantener viva la división de
poderes.
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