La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena a 36 meses de prisión contra Federico Gaviria Velásquez y una multa que supera los 13 Mil Millones de Pesos, por su participación en el caso de corrupción en contrato para prestar el servicio de ambulancias en Bogotá.
En septiembre de 2013, el ingeniero Federico Gaviria fue condenado por un juzgado de Bogotá por los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación de cohecho por dar y ofrecer. Esto con relación a su participación en el cartel de la contratación de las ambulancias de la Secretaría de Salud de Bogotá.
Hoy, casi cinco años después, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena en contra de Federico Gaviria Velásquez y le impuso pagar a la Secretaría de Salud de Bogotá, la suma de $13.474 millones´338 mil 020 pesos, como daños materiales ocasionados con el delito de cohecho por dar u ofrecer.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve no casar la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 5 de agosto de 2019 y devolver el expediente al Tribunal de origen”, resolvió la Corte.
Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó en Red+ Noticias que con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia termina la totalidad de la actuación en “un caso tan doloroso para nuestra ciudad y para nuestro país, y más porque llegó a afectar recursos de la salud”.
"Es una demostración de que mal o bien en Colombia la justicia funciona, siempre llega y aquí no solo hubo una condena penal, sino que se logró una condena civil, es decir, la reparación que es lo que ordena este fallo a restablecer”, manifestó Bernate.
En 2013, el ingeniero Gaviria Velásquez aceptó su responsabilidad en las irregularidades registradas en un contrato en el sector de la salud de Bogotá.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación Federico Gaviria sería la persona que estuvo detrás de la entrega irregular de un contrato por más de 67.000 millones de pesos para la prestación del servicio de ambulancias y que, al parecer, sirvió para darles comisiones al entonces secretario de Salud Héctor Zambrano y al exconcejal de Bogotá Hipólito Moreno.
Según la investigación, se habrían recibido dádivas por un 9 % del valor del contrato para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá, conformada en un 70 % por empresas que no prestaban el servicio de salud.
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