Institución Educativa del Corregimiento de Criollo en Pitalito Huila, una de las sedes afectadas por incumplimiento del contrato.
Por Rodrigo Rojas Garzón
En las últimas horas, se conoció que la Contraloría General de la Nación tras vencimiento de términos archivó investigación por el incumplimiento de los contratos 437 y 438 de 2017 celebrados por el Municipio de Pitalito Huila destinados a la construcción y adecuación de infraestructura educativa en diferentes instituciones educativas oficiales.
Fueron adjudicados, y tendrían que ser ejecutados por el ingeniero Heinemann Martínez Camacho (hoy fuera del país), a quien la administración municipal de la época, actuaba como alcalde encargado Germán Calderón Calderón el 28 de noviembre de 2017 le hizo un anticipo de 824 millones de pesos, el 50% de las obras contratadas, recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP – y recursos excedentes FONPET.
Lo cierto es que, recibidos los recursos, pasaron los días, los meses y las obras no iniciaron a ejecutarse. Sí, se observó, fue al señor contratista muy orondo en un periplo por diferentes sitios turísticos en el extranjero.
Ante las inconsistencias, la veeduría solicita a la Contraloría, su Intervención, realizar una auditoria por el incumplimiento en la ejecución de las obras, por parte de señor Martínez Camacho.
La entidad en su informe reporta que mediante resolución administrativa el Municipio de Pitalito el 20 de agosto de 2019, casi dos años después de la adjudicación y desembolso del anticipo, se confirmó el incumplimiento de los contratos 439 7 439 de 2017, y se declara la ocurrencia de siniestro.
Pese a ello dice la Contraloría qué: "se pudo establecer que no corresponde a actuaciones dentro del marco de los contratos de obra aquí señalados, y, por el contrario, correspondió a gestiones administrativas en busca de recuperar los recursos girados por el municipio al contratista; es decir no es propiamente el hecho generador del daño.
Concordancia con lo anterior se procede al archivo de la denuncia, aunque se identifica un posible daño patrimonial al Estado, a través del ente territorial Municipio de Pitalito, basada en el material probatorio infiere que la acción para este caso en concreto ha caducado como lo señala el artículo 9 de la Ley 610 de 2000".
La norma dispone en el inciso segundo que la responsabilidad fiscal prescribe en 5 años, contados a partir del auto que da apertura al proceso de responsabilidad fiscal, si dentro sé ese lapso las contralorías no han dictado la providencia en firme que la declare, esto es, los entes de control fiscal pierden el derecho a atribuir responsabilidad al implicado.
Lo cierto es que dichas actuaciones han dejado muy mal parado ante la opinión, al gerente de la Contraloría del Huila Andrés Felipe Vanegas. Hoy la entidad a su cargo es calificada como una convidada de piedra, paquidérmica y que solo está sirviendo de las castas políticas como fortín burocrático, porque en cuanto al cumplimiento de su misionalidad, ve pasar los actos de corrupción por sus oficinas y finalmente sin sonrojarse dichos procesos son archivados, para la muestra un botón.
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