Juzgado falla a favor de la protección del patrimonio natural de Aguas Calientes en la "Villa de la Gitana".
El Juzgado Segundo Civil de Circuito de Pitalito ha emitido un fallo histórico que busca proteger el nacimiento de aguas termales en el paraje conocido como “Aguas Calientes”, un destino turístico de gran valor ecológico en la región. La sentencia, dictada el pasado 15 de agosto de 2025, responde a una acción popular interpuesta por la comunidad local, que alertó sobre las actividades de remoción de tierras y construcciones que amenazaban este ecosistema.
El fallo ordena a la exgestora social y actual gerente del Hospital de San Agustín, Angie Lorena Gasca Ome, cesar de inmediato las obras en el sitio. Según el documento judicial, las acciones de la demandada ponían en riesgo o amenaza no solo la salud y el medio ambiente, sino también la preservación del ecosistema local, las especies animales y vegetales, y la protección de un área de especial importancia ecológica, incluyendo un lugar sagrado para las comunidades indígenas.
El juez enfatizó que no se necesita una prueba científica irrefutable para demostrar el riesgo que una actividad, como la construcción de una piscina con fines recreacionales, puede generar al ecosistema. El fallo considera que atraer visitantes podría impactar negativamente la cuenca hídrica y afectar el aprovechamiento que hacen los vecinos.
Además de ordenar la suspensión de las obras, la señora Gasca Ome deberá presentar en un plazo de 30 días un plan de cumplimiento y un plan de manejo ambiental. Estos planes deben estar alineados con las regulaciones de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas del Ministerio de Ambiente y de la Corporación Autónoma Regional (CAM).
El fallo del juzgado deja sin efecto la licencia de construcción que había sido expedida por la administración municipal anterior, liderada por el exalcalde Marco Adrián Artunduaga. La decisión judicial es susceptible de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Neiva, lo que podría prolongar el proceso legal. Este caso resalta la importancia de la acción popular como mecanismo ciudadano para la defensa de los derechos colectivos y la protección del medio ambiente en Colombia.
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