La Defensoría del Pueblo acaba de emitir la Alerta Temprana para la ciudad de Neiva y los municipios de Tello, Baraya y Colombia, en el nororiente del departamento del Huila, debido a los riesgos que corren sus habitantes, tanto en cascos urbanos como en zonas rurales, a causa de la presencia e injerencia de facciones disidentes de las Farc, cuyo cabecilla principal es alias ‘Calarcá‘, así como de grupos de delincuencia común.
Las comunidades, mayoritariamente campesinas y mestizas, pueden ver vulnerados sus derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, entre otros. Lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz, servidores públicos y menores de edad y jóvenes (estos últimos, susceptibles de reclutamiento forzado) podrían ser el principal blanco de las disidencias y las organizaciones delincuenciales.
Sustentada en el escenario de riesgo existente en los territorios identificados, la Defensoría insta a las entidades gubernamentales nacionales y locales a impulsar acciones urgentes de prevención, disuasión y atención, con la finalidad de que eviten la materialización de las conductas vulneradoras de derechos.
Es necesario, por consiguiente, que las fuerzas de seguridad del Estado aumenten su presencia a través de la prestación del servicio de vigilancia en las áreas descritas en la Alerta Temprana, para ampliar el control en los corredores donde son realizadas actividades ilegales, como la extorsión, el tráfico de armas, municiones y explosivos, además de otras.
Son 22 recomendaciones consignadas en la AT con las que la entidad de derechos humanos exhorta al aparato estatal a desplegar las acciones de respuesta rápida que apunten a evitar la materialización de lo advertido por la Defensoría del Pueblo, a partir del trabajo elaborado en terreno por los funcionarios de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
Algunos de los entes conminados son los ministerios del Interior y de Defensa, la Gobernación del Huila, las alcaldías de Neiva, Tello, Baraya y Colombia, el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.
Finalmente, la entidad señala en la importancia de revisar y ajustar las rutas de atención para víctimas de extorsión en las zonas urbanas y rurales y la implementación de campañas de divulgación y promoción de la denuncia, y llama a las autoridades competentes a poner en marcha una oportuna e integral gestión del riesgo.
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