La Fiscalía General de la Nación logró la
judicialización de tres presuntos integrantes de las disidencias de las
antiguas Farc, señalados de participar en el atentado terrorista perpetrado el
pasado 17 de abril de 2025 en el municipio de La
Plata, que dejó dos personas muertas —entre ellas un menor de edad— y 30
más heridas.
De
acuerdo con el ente acusador, los procesados fueron identificados como John
Faber Titimbo, Willian Enrique Ramos y Aldemar Caldón Ramírez, quienes harían
parte del autodenominado frente Hernando González Acosta, estructura disidente
de las Farc que delinque en esta región del país.
La
investigación estableció que el ataque iba dirigido contra la estación de
Policía del municipio. Sin embargo, la explosión de una motocicleta cargada con
artefactos explosivos afectó a la población civil que se encontraba en
inmediaciones del parque principal.
Según
la Fiscalía, Titimbo habría ejercido un rol de coordinación, desplazándose al
casco urbano para verificar las condiciones del entorno y facilitar la
ejecución del atentado. Por su parte, Caldón Ramírez estaría implicado en
labores de apoyo logístico, vigilancia y control del área, mientras que Ramos
habría sido el encargado de realizar actividades de inteligencia, recorrer el
parque principal y sectores aledaños para confirmar la ubicación del vehículo
con explosivos y proceder con su activación.
El
atentado cobró la vida de dos hermanos, uno de ellos menor de edad, y dejó 30
personas lesionadas, generando conmoción en la comunidad huilense.
Los
tres señalados fueron capturados en un operativo conjunto con la Sijín del
Departamento de Policía de Huila. Durante los procedimientos, las autoridades
incautaron seis teléfonos celulares, un revólver, una escopeta, munición y una
motocicleta que serían elementos materiales probatorios dentro del proceso.
Un
fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado les imputó los
delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y
fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas
y explosivos.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.
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