Por: Julio Bahamon
La muerte de un niño no admite disculpas ideológicas, tampoco admite comunicados gaseosos, y muchos menos traslados de culpabilidad.
La muerte anunciada del menor Kevin Acosta, paciente de hemofilia que, según declaraciones de su madre habría enfrentado dificultades para acceder oportunamente al medicamento necesario para salvarle su vida, obliga a preguntarnos, trascendiendo el debate político, lo siguiente: ¿Quién responde por su muerte?
El pais fue inducido arbitrariamente a una reforma profunda e irresponsable de su sistema de salud. Impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y dirigida desde el ministerio por el médico, quien lo creyera, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, reforma que ha generado tensiones financieras, intervenciones administrativas y reconfiguración de la cadena de aseguramiento. Cuando en la salud, la cadena se rompe y se suspenden los pagos, deja de ser un asunto económico y se convierte el problema en un asunto clínico. Lo que ha hecho el ministro Jaramillo, lo mas parecido al célebre “ángel de la muerte” de la Alemania Nazi, fue paralizar la logística, retrasar los suministros de medicamentos y cuando el medicamento es esencial, como en el caso del Infante Kevin Acosta, el retraso no es neutral, puede ser fatal, como ocurrió.
Por eso mi pregunta no es ideológica, es jurídica.
¿Estaba asegurado el suministro del tratamiento? ¿Quién tenía la obligación contractual directa de suministrarlo? ¿Existieron advertencias previas sobre los riesgos por el desabastecimiento? ¿Sabía el ministro del previsible desenlace si el medicamento no llegaba oportunamente?
El deterior operativo del sistema, materia de debate ha trascendido el pais tras un análisis critico publicado por The BMJ, que señalo que decisiones políticas aceleradas habrían contribuido a la crisis que vive el sistema de salud para los colombianos. Mas allá de la polémica que se formó, la realidad es que miles de pacientes han denunciado demoras, desabastecimientos y dificultades en los tratamientos de alto riesgo y costo.
Desde esta columna no puedo declarar la clase de culpabilidad penal que le cabe al ministro Jaramillo, eso les corresponde a los jueces de la república, pero lo que si puedo y debo hacer es exigir una investigación institucional de parte de la Procuraduría y de la fiscalía general de la Nación a la irresponsable conducta asumida por el gobierno nacional. Y si los hechos lo ameritan, puede existir responsabilidad penal.
Lo verdadero es que Kevin no puede quedar en el olvido. Lo miserable del presidente Petro y del ministro Jaramillo fueron sus infames declaraciones tratando de inculpar a la madre de Kevin de su muerte que merecieron el rechazo airado de millones de compatriotas y el repudio del mundo.
La pregunta sigue en pie: ¿Quién responde por Kevin?
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