Lo que ha visto asombrado el país
es grave. Revela el nivel de descomposición política e institucional del
gobierno que preside Gustavo Petro.
Una funcionaria de menor
rango, así sea la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, a la que acusa el
presidente de la república, en lugar de responder por sus actos, en una
conducta inusual se viene lanza en ristre contra su jefe político y
administrativo, en este caso contra el presidente de la república, y le solicita formalmente a la Fiscalía General de
La Nación que cite a declarar al presidente Gustavo Petro, para que explique
bajo juramento de donde obtuvo la información con la que la señalo
públicamente.
En términos simples: Laura Sarabia está
diciendo que Gustavo Petro miente. Y lo dice por escrito, ante el ente
acusador.
Los colombianos deben saber
que esa sería la herencia que dejaría Gustavo Petro a quien es señalado como su
sucesor, en el hipotético caso de que llegare a ganar las elecciones en mayo.
¡Qué horror por Dios! Tengo 79 años y he visto pasar muchos presidentes desde
1957: La Junta Militar, Alberto Lleras, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras;
Misael Pastrana Alfonso López Michelsen, Julio Cesar Turbay, Belisario
Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro
Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, la mayoría de ellos fueron buenos
mandatarios, unos pocos malos, pero este, el de Petro, ha sido realmente una
porquería en todo sentido. Es una vergüenza política, económica y moralmente un
desastre.
Una rebujina colosal. Peleas
de perros y gatos, un país sin salud, sin vías modernas, sin recursos,
ahogándose en podredumbre y corrupción, sin seguridad, inundado de coca, sin
educación, con un desempleo formal que se esconde en la informalidad, una
inflación galopante de la mano de la pobreza, etc. O Petro dijo la verdad y
Laura Saravia debe salir de la embajada y asumir responsabilidades, o Sarabia
dice la verdad y el presidente de la república queda en evidencia como alguien
que acusa sin pruebas, manipula información y compromete la honra de sus
funcionarios para cubrir responsabilidades ajenas.
Este es el desastre de país
que dejara el 7 de agosto el rufián que nos gobierna. Uno de los dos no puede
seguir en su cargo. La coexistencia institucional entre quien acusa, y la
funcionaria que lo desmiente ante la fiscalía es simplemente insostenible.
Incrédulos, observamos que hay
una responsabilidad que ya no admite excusas ni silencios: La del Procurador
General de la Nación. Su mutismo frente a este escándalo, como en el de las
blasfemas declaraciones del borrachín de palacio, con respecto a Jesús, no es
prudencia, es omisión deliberada. Señor Procurador, su obligación es actuar de
oficio. No hacerlo es incumplir su
función constitucional.
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