Por: Juio Bahamon
Lo primero que debemos decir, es que el Consejo de
Estado, máximo Tribunal de lo contencioso administrativo, no derogo el salario
mínimo, no le quito el aumento a los trabajadores ni actuó como actor
político. Hizo lo que la Constitución le
ordena: examinar la legalidad de un acto administrativo del gobierno. Y al
encontrar serios cuestionamientos jurídicos, decidió suspenderlo
provisionalmente. Mas aun: el Alto Tribunal le otorgo al gobierno un plazo de
ocho días para expedir un nuevo decreto ajustado a los criterios jurídicos
señalados. Esto quiere decir, que lejos de generar caos o incertidumbre, abrió
un espacio institucional para corregir y actuar conforme a derecho. Claro está,
que el gobierno intentará convertir esta decisión en bandera política con la
narrativa de que “los enemigos del pueblo” se oponen al aumento salarial. Esa
caricatura no resiste el más mínimo análisis.
Lo que cuestiona el Honorable Consejo de Estado es la manera
como se adoptó la decisión y sus eventuales efectos sobre la estabilidad
económica del país. Ese aumento que decreto a finales del año pasado el
gobierno de Gustavo Petro, lo hizo sin el rigor técnico suficiente, por lo que,
muchas personas que demandaron el acto administrativo consideraron que, así
como se hizo puede traer consecuencias que al final las van a apagar
precisamente quienes el gobierno dice defender: mas inflación, mayor
informalidad, presión sobre pequeñas y medianas empresas y deterioro evidente
al empleo formal.
Por lo tanto, la oposición no debe amilanarse, con el
miedo de que esta decisión pueda tener consecuencias en los resultados de las
elecciones de Congreso, de las consultas partidistas en proceso, ni de las de
presidente de la república en mayo.
Yo pienso lo contrario. La democracia no se suspende por
la campaña electoral. Las Cortes no pueden cerrar sus puertas porque el
gobierno esté en contienda política, si un acto administrativo debe revisarse.
Ni tampoco la Constitución Nacional entra en receso en periodo de elecciones:
Es cuando más debe respetarse.
La oposición no debe retroceder ni pedir disculpas por
defender lo legal y la responsabilidad fiscal. Al contrario, esta obligada a
explicar con serenidad que esta decisión confirmó algo cierto: que el gobierno
improvisó y que actuó por fuera de la ley, y sin rigor técnico.
Ahora el gobierno tiene ocho días para corregir el rumbo
y expedir otro decreto conforme a los parámetros señalados por el Consejo de
Estado.
Algo claro ha quedado con sea decisión, es que en
Colombia aun existen instituciones capaces de recordarle al gobierno,
cualquiera que sea, que el poder no esta por encima de la ley.
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