MAYOR Y PATRULLERO DE LA POLICÍA A LA CÁRCEL

Mayor Jair Alonso Saldarriaga Cuentas, y el patrullero Leonardo Reyes Bedoya, fueron judicializados por la presunta comisión del delito de concusión.

Un oficial y un patrullero de la Policía fueron enviados a la cárcel, señalados de exigir coimas a subalternos a cambio de beneficios.

Las denuncias conocidas por la Fiscalía dan cuenta de exigencias ilícitas de dinero de entre 150.000 y 700.000 pesos. Chats, interceptaciones telefónicas y videos evidenciarían pagos cercanos a 2’250.000.

 

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Caldas, en articulación con la Policía Nacional judicializó a dos integrantes de esa institución, presuntamente implicados en exigencias de dinero a sus subalternos, a cambio de gestionar traslados, reportarles buenas calificaciones y exoneraciones frente a investigaciones disciplinarias.

Se trata del mayor Jair Alonso Saldarriaga Cuentas, quien entre junio de 2023 y noviembre de 2024 se desempeñó como comandante del Distrito 4 en el  departamento de Caldas, y el patrullero Leonardo Reyes Bedoya, conductor.

Los hechos fueron denunciados por un auxiliar de la Policía, que cumplía su servicio militar obligatorio en Aguadas. El joven le habría solicitado al oficial, por razones de arraigo, su traslado a Pacora. Para cumplir esta pretensión, el mayor le habría exigido 500.000 pesos, suma que debía ser justificada como el pago de una camisa y unas botas de dotación.

Otro caso documentado por la Fiscalía evidencia que Saldarriaga Cuentas le habría exigido dinero a otro oficial, so pena de bajarle sus calificaciones, afectando con ello la posibilidad de ascender. La negativa de la víctima le habría generado notas deficientes.

Al menos, cuatro uniformados habrían sido afectados por el actuar del oficial. Las denuncias conocidas por la Fiscalía dan cuenta de exigencias de entre 150.000 y 700.000 pesos, a cambio de beneficios.

Reyes Bedoya, por su parte, era quien le recordaba a sus compañeros cómo, dónde y cuándo realizar los pagos exigidos. Los procesados no aceptaron los cargos imputados. El juez impuso medida de aseguramiento intramuros.

El Código Penal en su  artículo 404 se refiere al delito de concusion:

"El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses".