Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe del último Secretariado de las Farc-EP participa en Pitalito, junto con comparecientes de la Fuerza Pública, en labores de recuperación de cuerpos no identificados en el Cementerio San Antonio de Padua.
La intervención, que se desarrolla entre el 21 y el 30 de septiembre bajo el
liderazgo de la JEP y la UBPD, marca el inicio de las acciones restaurativas
impuestas a siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP por su
responsabilidad en más de 21.000 secuestros. En Pitalito, antiguos adversarios en el conflicto armado trabajan conjuntamente en la búsqueda y recuperación de personas
desaparecidas.
Por: Rodrigo Rojas Garzón
Periodista Huila Hoy
prensarodrigorojasg@gmail.com
El Cementerio San Antonio de
Padua de Pitalito se convirtió en uno de los escenarios donde comienza a
cumplirse la sanción propia impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz,
JEP, a siete antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP, declarados
responsables por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Desde el 21 y hasta el 30 de
septiembre de 2026, los comparecientes participan como apoyo operativo en la
recuperación de cuerpos de personas no identificadas que permanecen inhumadas
en este camposanto. La actividad es liderada por la Unidad de Búsqueda de
Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, en articulación con la JEP.
La jornada tiene además un
componente particular: en el mismo escenario participan máximos responsables de
la Fuerza Pública vinculados al Subcaso Huila del Caso 03, relacionado con
asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en
combate, así como cuatro máximos responsables por secuestro que pertenecieron
al extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP.
De esta manera, quienes
durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado
participan ahora de manera conjunta en una labor orientada a contribuir a la
búsqueda de personas desaparecidas y a la restauración de las víctimas y sus
familias.
Siete excomandantes bajo
restricciones y monitoreo
La JEP impuso sanciones
propias a Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de
Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape
Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
Las sanciones contemplan hasta
ocho años de cumplimiento, durante los cuales deberán desarrollar diferentes
proyectos restaurativos bajo restricciones efectivas de derechos y libertades,
además de un seguimiento permanente por parte de la Jurisdicción.
Entre las medidas se
encuentran restricciones a la movilidad y a la residencia, horarios estrictos
para el desarrollo de los trabajos restaurativos y la prohibición de salir del
departamento asignado durante cada fase sin autorización judicial.
Los comparecientes también
deberán portar permanentemente un dispositivo electrónico de geolocalización
suministrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP. La Oficina Asesora de
Monitoreo Integral realizará el seguimiento mediante geocercas y alertas, complementado
con verificaciones presenciales de los monitores de la Jurisdicción.
Una sanción que se extenderá
hasta 2034
De acuerdo con el cronograma
establecido, las acciones restaurativas se desarrollarán en siete fases entre
septiembre de 2026 y marzo de 2034, en diferentes regiones del país.
Los proyectos comprenden
líneas como desminado humanitario, infraestructura rural y urbana, protección
del medio ambiente, memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas y
proyectos de vida económicos en favor de las víctimas.
La JEP determinó la
responsabilidad de los siete comparecientes como autores mediatos por su papel
en la conducción del aparato organizado de poder de la extinta guerrilla, así
como por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestro, homicidio,
asesinato y desaparición forzada, entre otros delitos establecidos en las
decisiones judiciales.
Pitalito y la búsqueda de los
desaparecidos
El trabajo en Pitalito tiene
especial importancia para el proceso de búsqueda en el Huila. Según las cifras
suministradas por la UBPD, en el departamento existen 1.762 personas dadas por
desaparecidas, de las cuales 679 están incluidas en el Registro Nacional de
Solicitudes de Búsqueda.
En el Cementerio San Antonio
de Padua, la UBPD ha desarrollado cinco fases de intervención forense desde
diciembre de 2024. Como resultado, se han recuperado 54 cuerpos de personas no
identificadas.
De estos cuerpos, nueve
personas ya fueron identificadas y entregadas dignamente a sus familias en
Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo, Cesar y Valle del Cauca.
La intervención actual busca
continuar este proceso y aportar nuevas respuestas a familias que llevan años
esperando conocer el paradero y destino de sus seres queridos.
El Huila, territorio afectado
por el secuestro y la desaparición
La JEP tiene conocimiento de 14
personas secuestradas por las Farc-EP que permanecen desaparecidas en el Huila.
Además, 60 víctimas de secuestro en el departamento están acreditadas ante el
Caso 01 de la Jurisdicción.
En paralelo, dentro del
Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas
presentadas falsamente como bajas en combate, han sido acreditadas hasta el
momento 434 víctimas.
De ellas, 35 personas
permanecen desaparecidas, según la información entregada por la JEP.
El contexto departamental hace
que las labores adelantadas en Pitalito tengan una dimensión que trasciende la
intervención de un cementerio. Se trata de avanzar en la identificación y
recuperación de cuerpos y, posteriormente, en la posibilidad de entregar
respuestas a familias que aún desconocen qué ocurrió con sus seres queridos.
Una experiencia de
reconciliación
La presencia simultánea de
antiguos integrantes de las Farc-EP y de máximos responsables de la Fuerza
Pública constituye uno de los componentes más significativos de la
intervención.
La JEP ha señalado que este
trabajo conjunto representa también un espacio de reconciliación, al permitir
que personas que estuvieron enfrentadas durante el conflicto participen
actualmente en una misma tarea restaurativa.
En total, 16 comparecientes
participan en las labores que se adelantan en el cementerio de Pitalito y
permanecen sujetos a las restricciones y mecanismos de monitoreo establecidos
por la Jurisdicción.
Bogotá también hace parte de
la sanción
Mientras un grupo de
comparecientes desarrolla las actividades de búsqueda en Pitalito, otro grupo
adelanta en Bogotá acciones relacionadas con la construcción de memoria para
las víctimas.
Estas actividades incluyen la
elaboración de relatos dignificantes, transcripción y sistematización de
información, apoyo en eventos de memoria y reparación simbólica y la
elaboración e instalación de dispositivos destinados a visibilizar los impactos
diferenciados que produjo el secuestro.
Estas acciones responden a una
de las líneas restaurativas contempladas en la sentencia y a solicitudes
formuladas durante años por víctimas del conflicto.
Una deuda con miles de
víctimas
La sanción impuesta al último
Secretariado de las Farc-EP busca que el cumplimiento de las decisiones
judiciales esté acompañado de acciones concretas de restauración.
En Pitalito, esa
responsabilidad comienza con una tarea particularmente sensible: buscar a
quienes aún no han sido encontrados.
Para las familias de las
personas desaparecidas, cada cuerpo recuperado representa la posibilidad de
avanzar hacia una identificación, una entrega digna y, eventualmente,
respuestas sobre lo ocurrido.
El trabajo que comenzó en el
Cementerio San Antonio de Padua pone así a Pitalito en el centro de una de las
acciones restaurativas más importantes del Sistema Integral para la Paz, en un
proceso que combina búsqueda humanitaria, verdad, memoria, justicia y
reconciliación.
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