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jueves, 24 de septiembre de 2026

CARTA AL SEÑOR PRESIDENTE ABELADO DE LA ESPRIELLA.

 

Asunto: Proyecto de Ley “por la cual se crea el Banco Nacional de Tierras para los embalses y áreas de las hidroeléctricas en Colombia, se establece un derecho al Estado sobre los terrenos vinculados a proyectos hidroeléctricos, se declaran de utilidad pública e interés social los fines de la presente ley”.

Por: Julio Bahamon 

 

Neiva, 24 de septiembre de 2026.

 

Doctor

Abelardo de la Espriella

Presidente de la Republica

E.S.M.


Asunto: Proyecto de Ley “por la cual se crea el Banco Nacional de Tierras para los embalses y áreas de las hidroeléctricas en Colombia, se establece un derecho al Estado sobre los terrenos vinculados a proyectos hidroeléctricos, se declaran de utilidad pública e interés social los fines de la presente ley”.


Respetado señor presidente: a continuación, presento la exposición de motivos que justifican el proyecto de ley que coloco a su consideración.  Por tratarse de una norma que crea un Banco Nacional de Tierras a favor de los campesinos desposeídos de tierra, que modifica a entidades del orden nacional, el proyecto de ley debe ser avalado por el gobierno nacional ante el Congreso de Colombia, por lo que acudo Ud. como máxima autoridad de La Nación para que sea incorporado al programa de su gobierno Colombia Patria Milagro, sea enviado con su firma y las de sus ministros al Congreso de la Republica para su trámite y aprobación. Atentamente Julio Bahamon. Primero El Huila. Con este proyecto se incorporarían más de 56.000 hectáreas de tierras que pueden ser recuperadas de todas las hidroeléctricas que funcionan en el país, de ellas, 16.000 en el departamento del Huila.


EXPOSICION DE MOTIVOS.


Objeto de la iniciativa. - El presente proyecto de ley propone crear un mecanismo nacional para que determinados terrenos adquiridos por empresas hidroeléctricas y que posteriormente dejen de ser necesarios para la generación, operación, seguridad o protección de las Céntrales puedan cumplir una función social productiva y ambiental.


La iniciativa parte de una realidad: la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos puede requerir la compra de extensas áreas de terreno. Una vez se cumpla la función de los embalses, esas tierras retornan a su condición original, después de 50 o más años, por lo que esos terrenos que han estado al servicio de la generación de energía eléctrica por muchos años y le han producido grandes utilidades económicas a los propietarios, regresen mediante un mecanismo preferente al Estado para que cumplan con la razón social de la propiedad en programas de reforma social agraria,  protección de fuentes hídricas o programas ambientales de utilidad para la nación.


La pregunta es sencilla: ¿Debe el Estado permanecer indiferente frente a esas tierras cuando pueden cumplir una función social, productiva y ambiental en beneficio de las comunidades campesinas y trabajadores más pobres del país?


La respuesta que propone esta iniciativa es establecer un mecanismo legal, transparente y respetuoso de la propiedad privada, en concordancia con el artículo 58 de la Constitución que establece simultáneamente la función social de la propiedad y su función ecológica.


Por eso el proyecto contiene como regla general la compra voluntaria y compensada preferente al estado, pero se reserva la adquisición forzosa en aquellos casos en los que debe intervenir el Estado cuando se cumplan estrictamente los requisitos constitucionales y legales.


Nos basamos en antecedentes contemplados en la legislación colombiana.  Según la ley 56 de 1981 que regula aspectos relacionados con proyectos de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica que estableció, para determinadas zonas declaradas de utilidad pública, una primera opción de compra en favor del proyecto.


También existe en Colombia una tradición legislativa relacionada con Bancos de Tierras. La ley 9 de 1989 determino esta figura y contemplo mecanismos de compra voluntaria y expropiación, mientras que la ley 388 de 1997 desarrollo posteriormente el régimen de bancos inmobiliarios.


El proyecto propone que el Estado Colombiano tenga un derecho de adquisición preferente durante cinco años. La razón es evitar que, una vez identificados los terrenos, estos sean enajenados a terceros antes de que el Estado pueda estudiar su compra, obtener los recursos necesarios y definir su destinación a proyectos de interés social.


Uno de los principios fundamentales de la iniciativa es la existencia de un solo avalúo, el Catastral vigente en la fecha de la negociación. Que servirá como límite para que el Estado no pague por esos terrenos valores superiores al avalúo catastral vigente, evitando que la adquisición pueda convertirse en una fuente de especulación contra los recursos públicos y el interés nacional.


El proyecto propone declarar de utilidad pública e interés social los fines específicos de la compra establecidos en la ley.


Una vez incorporados al Banco, los terrenos serán puestos al servicio de la sociedad, dependiendo de las características del suelo y de las restricciones ambientales, podrán destinarse a producción alimentaria sostenible, seguridad alimentaria, reforestación, protección de fuentes hídricas, turismo de naturaleza y proyectos productivos campesinos.


El Huila como región que ha aportado más de 16.000 hectáreas a embalses de dos grandes hidroeléctricas, Betania y Quimbo, ha tomado esta iniciativa y aspira a que se convierta en cabeza de una propuesta para todo el país.


El propósito no es enfrentar al sector energético ni desconocer la importancia de la generación eléctrica, Por el contrario, se pretende definir una regla de equilibrio: mientras la tierra sea necesaria para producir energía, debe estar protegida para esa finalidad. Cuando deje de ser necesaria para el proyecto energético debe regresar a cumplir una función social, productiva y ambiental.


La propiedad privada se respeta. La generación de energía se protege. Pero las tierras que ya no sean necesarias para un proyecto hidroeléctrico no pueden ser condenadas a la improductividad cuando pueden contribuir al desarrollo del país de las regiones. 


Señor presidente: confiamos en Ud., a quien respaldamos en el Huila con más de 380.000 votos y ese pueblo que salió a defender su propuesta de gobierno espera de Ud. su mano amiga.

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