"Dr. Julio, hoy quiero hablarle de una columna suya que me llamo especialmente la atención. Ud. escribió sobre el coronel retirado Alfonso Plazas Vega y la decisión judicial que acaba de conocerse en los Estados Unidos."
Así es, amigo Candido. Y debo
decirle algo: este tema para mí no es solamente un asunto de lectura de
periódicos. Yo estaba allí. ¿Como así, Dr. Bahamón que Ud. estaba allí? En noviembre de 1985 yo era representante a
la Cámara. Y, por circunstancias de mi
responsabilidad parlamentaria, fui un testigo de excepción de aquellos
acontecimientos. Desde la oficina del entonces segundo vicepresidente de la
Cámara de Representantes, el Dr. Ricardo Ramírez Osorio, localizada en el
primer piso del Capitolio frente a la Plaza de Bolívar, tuve la posibilidad de
observar parte de la acción militar que se desarrollaba frente al Palacio de
Justicia. Lo vi desde una posición particularmente cercana, como se adelantaba
aquella dramática jornada de retoma del Palacio. En ese momento, era evidente
que Colombia estaba viviendo una situación muy grave y extraordinaria. El
Palacio había sido tomado violentamente por el grupo armado ilegal del M-19.
Dentro se encontraban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado y muchas personas, funcionarios, empleados y civiles que
hacían gestiones dentro del templo de la justicia de la república.
El Gobierno de Belisario Betancur decidió recuperar militarmente el edificio. ¿Quién dio la orden? Eso no lo supe nunca, pero la cadena institucional de mando que existía en ese momento era: el presidente Belisario Betancur; el general Miguel Vega Uribe como ministro de Defensa y operacionalmente la retoma le correspondió al general Jesús Armando Arias Cabrales, quien, en ese momento, fungía como comandante de la Brigada Xlll. Por eso mi estimado amigo Candido, me parece equivocado decir que aquellos acontecimientos puedan ser presentados como si un solo oficial hubiera decidido, por su propia cuenta. La Fuerza Pública actuó dentro de una cadena de mando y bajo una decisión del gobierno de recuperar el Palacio. Pero Dr. Julio, durante muchos años el nombre del coronel Plazas Vega quedo asociado a las acusaciones más graves. Ese fue, estimado Candido el motivo de mi anterior columna.
Al coronel Plazas Vega lo condenaron en primera
y segunda instancia por las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez e Irma
Franco. Pero la Corte Suprema de Justicia caso esa condena y lo absolvió. Y,
ahora, 41 años después de aquellos hechos, un jurado federal de Miami lo
declaro no responsable civilmente en el proceso de la muerte del magistrado
Carlo Horacio Uran. ¿Y qué significa eso para Ud., Dr. Bahamon? Candido, amigo
mío: que la memoria no puede ser selectiva. Que cada responsabilidad debe ser
individualizada y probada. Si alguien cometió un error, debe responder por él.
La posterior desmovilización del M-19 no borra lo ocurrido el 6 y 7 de
noviembre de 1985. Acuérdese que yo estuve allí. Y, ¿qué le dice Ud. al coronel
Plazas Vega? Al coronel Alfonso Plazas Vega le digo: que después de tantos
años, 41, tiene derecho a que las decisiones de la justicia sean respetadas.
La verdad, no es la verdad del
M-19. Ni es de derecha, ni de la izquierda. La verdad es de Colombia. Felicitaciones al coronel y a su
familia. La justicia ha hablado. Fue un
gusto haber podido conversar con mi amigo Candido. Hasta la próxima.
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