La JEP denunció la retención de una abogada y dos escoltas de la UNP durante un desplazamiento por el sector de Itaibe, en Páez, Cauca.
La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la retención bajo coacción de
la abogada Sandra Mónica Herrera Gaviria y dos integrantes de su esquema de
seguridad, ocurrida en una vía rural de Páez, Cauca. La entidad advirtió sobre
los riesgos que enfrentan sus equipos al desarrollar labores en los
territorios.
Por: Redacción Huila
Los
hechos ocurrieron en el sector del cruce de Itaibe, en jurisdicción de Páez,
Cauca, cuando la abogada se desplazaba hacia La Plata, Huila, como parte de sus
labores de representación legal de comparecientes de las antiguas Farc-EP ante
la JEP.
Según
informó la Jurisdicción, durante el trayecto hombres armados que portaban
fusiles y pistolas interceptaron el vehículo de la Unidad Nacional de
Protección (UNP) en el que se movilizaban la defensora y sus dos escoltas.
Los
tres fueron encañonados y permanecieron retenidos durante aproximadamente 40
minutos, en una vía destapada de la zona.
Posteriormente,
los agresores se llevaron el vehículo blindado y las armas de dotación del
esquema de seguridad, además de proveedores y chalecos balísticos. La abogada y
sus escoltas fueron dejados en el lugar e incomunicados.
La
JEP califica el hecho como secuestro
Aunque
las tres personas fueron liberadas, la JEP señaló que la situación constituye
un secuestro, debido a que fueron privadas de su libertad mediante coacción.
La
jurisdicción rechazó el hecho y advirtió que la retención representa un acto de
intimidación que afecta directamente el ejercicio de la defensa judicial y el
trabajo que desarrollan los equipos vinculados a la Justicia Transicional
Restaurativa.
La
entidad también cuestionó cualquier interpretación que pretenda minimizar la
gravedad de lo ocurrido por la modalidad contractual mediante la cual la
abogada presta sus servicios.
Herrera
Gaviria está vinculada al trabajo de la Justicia Transicional mediante un
convenio institucional con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)
y ejerce la defensa de comparecientes de las antiguas Farc-EP.
Ya
había denunciado amenazas
La
JEP indicó que la abogada había recibido amenazas de manera reiterada y que
estas situaciones habían sido puestas en conocimiento de la Unidad Nacional de
Protección.
Ante
esta situación, la magistratura de la JEP solicitó medidas de protección y, el
pasado 6 de mayo, la UNP le asignó un esquema de seguridad.
Sin
embargo, durante el desplazamiento hacia La Plata se produjo el ataque contra
la defensora y sus escoltas.
La
profesional tenía previsto continuar su recorrido hacia otros territorios para
atender a comparecientes, entre ellos personas ubicadas en Florencia, Caquetá.
Llamado
a reforzar la seguridad
La
JEP hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la UNP para revisar de manera
inmediata las condiciones de seguridad de las personas que desarrollan labores
relacionadas con la Jurisdicción en las regiones del país.
La
entidad señaló que la presencia territorial resulta fundamental para escuchar a
las víctimas, realizar diligencias judiciales y garantizar la participación de
los comparecientes en los procesos de Justicia Transicional.
En
ese contexto, la JEP sostuvo que el trabajo territorial no puede desarrollarse
poniendo en riesgo la vida e integridad de abogados, equipos técnicos,
funcionarios y magistrados.
La
jurisdicción pidió a las autoridades adoptar las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de quienes participan en estos procesos y permitir que
las labores de la Justicia Transicional Restaurativa continúen en los
territorios.
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